El oficialismo advierte de un intento de «golpe de Estado institucional» en Costa Rica
San José, 7 oct (EFE).- La diputada y líder del oficialismo en Costa Rica, Pilar Cisneros, criticó este martes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la solicitud de levantamiento del fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, por presuntos actos de beligerancia política, y se preguntó si se trata de «un intento de golpe de Estado institucional».
«Ahora sí cabe preguntarse: ¿Estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia de Costa Rica? ¿Por qué no puede el tribunal seguir investigando sin levantar el fuero al presidente?», expresó Cisneros en un video publicado en sus redes sociales.
El TSE solicitó este martes a la Asamblea Legislativa que tramite el levantamiento del fuero al mandatario en el marco de un expediente que acumula 15 denuncias por beligerancia política, un delito que puede acarrear desde la suspensión para ejercer cargos públicos en el futuro hasta la destitución del cargo.
«¿Cuál es la verdadera intención del tribunal? ¿Inhabilitar a Chaves? ¿Sacarlo de Zapote (barrio donde se encuentra la Casa Presidencia) y cortarle su continuidad política?, expresó la diputada Cisneros.
La legisladora dijo que espera que los diputados «tengan la sabiduría de seguir protegiendo nuestra democracia impidiendo que le levanten el fuero a Rodrigo Chaves».
El presidente Chaves aún no se ha referido a este asunto.
Para que el fuero presidencial sea levantado se requiere la aprobación de dos terceras partes del Legislativo, es decir 38 votos de los 57 diputados que integran ese poder.
En septiembre pasado, Chaves superó un proceso del levantamiento del fuero solicitado por la Fiscalía General por un caso de supuesto manejo irregular de fondos. La inédita votación terminó con 34 a favor y 21 en contra.
En este nuevo proceso solicitado este martes, el tribunal electoral acumuló en un solo expediente 15 denuncias presentadas por diversas personas a lo largo de los últimos meses, entre ellos líderes de partidos políticos de oposición, que señalaron al mandatario por referirse a temas electorales y atacar a otros partidos durante actos oficiales.
En abril pasado, el TSE ya había amonestado al presidente Chaves por presuntos actos de beligerancia política que atentan contra el principio constitucional de imparcialidad de las autoridades gubernamentales en procesos de elección popular.
En ese momento el TSE emitió una medida cautelar y prohibió a Chaves utilizar recursos públicos para incidir en la libre determinación de los votantes o realizar cualquier manifestación o conducta que pueda beneficiar o afectar a cualquiera de los partidos o candidatos.
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.
Costa Rica celebrará el 1 de febrero de 2026 las elecciones para elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, proceso en el que se han inscrito 20 candidatos presidenciales, entre ellas la exministra de Planificación de Chaves Laura Fernández, quien se ha presentado como la opción para la «continuidad» y se le ha visto en actividades de Gobierno como «ciudadana», según ha dicho ella.
A partir del 2 de octubre pasado, el Gobierno tiene prohibido por la ley electoral difundir mediante cualquier medio de comunicación, incluidas redes sociales oficiales, información publicitaria relativa a la obra realizada. Esto generó una dura reacción de Chaves el pasado miércoles, cuando acusó al TSE de amordazarlo. EFE
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