El Supremo brasileño decide que solo la Fiscalía puede pedir la destitución de sus jueces
Río de Janeiro, 3 dic (EFE).- Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil decidió que solo la Fiscalía General podrá presentar un proceso de destitución de los jueces del alto tribunal, algo que hasta el momento podía hacer cualquier ciudadano, informó este miércoles la entidad.
La medida fue adoptada por el decano del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, y deberá ser confirmada por el Pleno de la Corte.
En su decisión, Mendes suspendió varios artículos de la Ley del Proceso de Destitución de 1950, reglas que, según el juez, están «en desacuerdo» con la Constitución de 1988, que garantiza independencia y estabilidad a los jueces.
Entre las normas enunciadas por el magistrado está la que señala que basta una mayoría simple de senadores para abrir un proceso de destitución.
Eso significa que apenas 21 senadores podían iniciar el trámite, un número que, para el magistrado, ponía en riesgo la autonomía del Poder Judicial.
«El quorum de dos tercios se muestra el más adecuado, por proteger la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial y por ser coherente con el diseño constitucional del proceso de destitución», argumentó en su decisión.
Otro punto cuestionado por el juez fue el artículo que permite a cualquier ciudadano presentar denuncias contra los magistrados del Supremo.
Mendes consideró que esa regla abre espacio para denuncias políticas sin fundamento y que solo el Fiscal General debe tener esa atribución.
El ministro también rechazó la posibilidad de destituir jueces por el contenido de sus decisiones, al afirmar que eso sería «criminalizar la interpretación jurídica» y recordó que las diferencias de opinión forman parte de la función de un tribunal.
Además, invalidó la previsión de suspender de inmediato a un magistrado y reducirle el salario mientras esté bajo investigación, porque, «a diferencia del Presidente de la República, un juez del Supremo no tiene sustituto, y su ausencia puede comprometer el funcionamiento del tribunal.»
En su decisión, Mendes advirtió que usar el proceso de destitución como arma política contra los jueces del alto tribunal debilita el Estado de derecho y la confianza en las instituciones.
«El proceso de destitución infundado de los magistrados del Supremo se insiere en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho», afirmó. EFE
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