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El Supremo de Bolivia denuncia a magistrados del Constitucional por prorrogar su mandato

La Paz, 7 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia informó este martes que denunció penalmente a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prorrogaron su mandato a finales de 2023 a falta de las elecciones judiciales que no pudieron efectuarse ese año.

La denuncia fue presentada esta jornada en la Fiscalía de la región sureña de Chuquisaca por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, cuyo despacho difundió una copia del documento en el que los denunciados son los magistrados constitucionales Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo.

Los cinco jueces fueron denunciados por los presuntos delitos de «resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y usurpación de funciones».

Saucedo señaló el lunes en sus redes sociales que estos magistrados, a los que llamó «autoprorrogados», tienen «dos caminos», renunciar «inmediatamente» porque «no gozan de legalidad y legitimidad», o «ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes».

Según el presidente del TSJ, el Constitucional es «una de las instituciones que más le ha causado daño al país y su democracia» a través «de los magistrados autoprorrogados» y manifestó que no se puede permitir «que un puñado de personas destruyan la institucionalidad».

Por su parte, Hurtado, que es presidente del TCP, sostuvo este martes que se mantendrán en sus puestos hasta que sean elegidos sus reemplazantes.

Las elecciones judiciales se efectuaron en Bolivia en diciembre de 2024, un año después de lo previsto por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso.

Los candidatos fueron previamente seleccionados en el Parlamento nacional, según lo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Esos comicios fueron los terceros de su tipo en Bolivia tras las elecciones realizadas en 2011 y 2017, que tuvieron una gran cantidad de votos blancos y nulos en rechazo a los procesos considerados en su momento manipulados por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), para elegir a magistrados afines al Gobierno.

Por un fallo constitucional, las elecciones de 2024 se realizaron íntegramente solo en cuatro regiones, mientras que en las otras cinco no se pudo elegir a los jueces del TCP y en dos de ellas tampoco a los magistrados del TSJ.

El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía terminar a principios del año pasado, pero en diciembre de 2023 el TCP decidió ampliarlo alegando que se buscaba evitar un «vacío de poder» a falta de las elecciones que no pudieron efectuarse en 2023.

Los magistrados del Constitucional que decidieron la prórroga emitieron a principios de este año un nuevo fallo que amplió aun más sus funciones y las de los que permanecieron en el TSJ hasta que se completen las elecciones judiciales.

Está en manos del Parlamento la aprobación de una ley para la realización de una «elección complementaria» para designar los siete puestos del TSJ y el TCP que aún ocupan los magistrados que prorrogaron sus funciones. EFE

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