
El Supremo fuerza a Netanyahu a seguir contando con la fiscal general que quiere cesar
Jerusalén, 5 oct (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel emitió este domingo una resolución confirmando una anterior que obliga al Gobierno de Benjamín Netanyahu a seguir contando con la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, mientras el alto tribunal decide sobre la legalidad de su destitución por parte del Ejecutivo.
El Supremo rechazó un recurso del Gobierno al fallo que emitió a principios de agosto y afirmó no ver «necesario añadir nada a nuestra decisión, que habla por sí misma y cuyo contenido sigue vigente».
La decisión judicial, que emitió el mismo día en que el Gobierno aprobó el cese de la fiscal general, impide al Ejecutivo dejar de colaborar con ella, nombrar a un sustituto o excluirla de reuniones clave, medidas con las que el gabinete buscaba implementar su destitución de facto sin esperar al fallo judicial sobre la misma.
El Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel celebró la decisión del Supremo y consideró que «es positivo que haya jueces en Jerusalén que estén deteniendo los intentos golpistas del gobierno».
En Israel, donde no existe una Constitución escrita y el Parlamento es unicameral, la figura del fiscal general actúa como uno de los principales contrapesos al Ejecutivo, con el mandato de proteger el Estado de derecho y supervisar la actuación de los ministros.
Baharav-Miara, primera mujer en ocupar el cargo, se ha enfrentado al Ejecutivo de Netanyahu en múltiples ocasiones, especialmente en relación a los casos por corrupción del mandatario, sus reformas judiciales y su manejo de la crisis institucional.
La fiscal general también mantiene una relación tensa con el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, debido a sus frecuentes enfrentamientos sobre la política de seguridad y la actuación policial.
Su posible destitución ha generado preocupación entre organizaciones civiles y partidos políticos, que consideran que socavaría la autonomía del sistema judicial y concentraría demasiado poder en el Ejecutivo. EFE
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