Familiares de víctimas de abusos a derechos humanos en Perú rechazan a Defensor del Pueblo

Lima, 5 oct (EFE).- Los familiares de víctimas de abusos a los derechos humanos en Perú enviaron una carta a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), Raquel Caballero, para alertar sobre el respaldo del Defensor del Pueblo de este país, Walter Gutiérrez, a leyes que aparentemente garantizan la impunidad sobre esos crímenes, según informó este domingo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

A raíz del XXIX Congreso y XXX Asamblea de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO) que se realizará en Perú del 6 al 11 de este mes, una decena de deudos de víctimas de crímenes atribuidos al Estado envió el documento a Caballero para alertar sobre la idoneidad de Gutiérrez para sucederla en el cargo en la elección que se realizará al final de este encuentro.

Recordaron en la carta que el proceso de elección del actual defensor del pueblo fue suspendido por el Poder Judicial ante una acción de amparo del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría, quienes cuestionaron la falta de transparencia y tuvo que ser reiniciado hasta en tres oportunidades.

En agosto pasado, el Congreso aprobó una ley de amnistía que otorga libertad a los agentes del Estado que violaron derechos humanos entre 1980 y 2000, y que «cierra los procesos penales en curso, afectando nuestro derecho a la justicia», señalaron.

En el debate de esa ley, Carlos Fernández Millán, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, reconoció que «en anteriores oportunidades, cuando se dieron leyes de amnistía, luego de terminar la lucha contra el terrorismo, la institución se opuso».

Pero que «ahora han pasado muchos años y sabemos que resulta necesario que esta situación se resuelva de una vez», puntualizó Fernández Millán, según mencionaron los deudos en su carta a la titular de la FIO.

Los familiares se quejaron de que la Defensoría no hizo mención a los derechos de las víctimas y sus familiares, y que, ante la negativa de los jueces de aplicar la ley de amnistía en el control de convencionalidad, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para obligar a los magistrados a aplicarla.

«Somos categóricos en rechazar cualquier demanda que se presente ante este Tribunal que buscará la manera, más allá de lo legal, de declarar constitucionales estas leyes injustas, siendo perjudicadas las familias que esperamos justicia como derecho», expresaron.

Los familiares de desaparecidos y víctimas de matanzas cometidas en los años 90 lamentaron que muchas de las instituciones que «deberían proteger nuestros derechos o garantizar que se cumplan, están tomadas por partidos políticos que defienden intereses particulares» por encima de sus derechos, deteriorando la imagen institucional y la confianza de la ciudadanía en ellas. EFE

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