Familias de víctimas de la guerra antidrogas piden a Filipinas la entrega de su «coautor»
Bangkok, 12 may (EFE).- Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente filipino Rodrigo Duterte instaron este martes a Manila a proceder «al arresto y la entrega» del exjefe de la Policía Nacional y actual senador, Ronald ‘Bato’ dela Rosa, tras la orden de detención que la Corte Penal Internacional (CPI) hizo pública la víspera.
«El Senado debería respetar las obligaciones internacionales del Gobierno filipino y permitir el arresto y la entrega de ‘Bato’ dela Rosa a la CPI. No protejan al coautor de Duterte», afirmó en un comunicado Rise Up for Life and for Rights, asociación de familiares de víctimas de la campaña antinarcóticos de Duterte.
Durante su mandato (2016-2022) murieron entre 6.000 y 30.000 personas en operativos policiales y ejecuciones extrajudiciales, según las fuentes, en el marco de su guerra contra las drogas.
La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI consideró que existen «motivos razonables para creer» que el exjefe de la Policía es responsable, como «coautor indirecto», del crimen de lesa humanidad de asesinato.
El documento judicial afirma que contribuyó de forma esencial al plan mediante declaraciones públicas que «autorizaban, toleraban y promovían» los asesinatos, así como mediante el despliegue de recursos policiales y el nombramiento de mandos clave.
La CPI también señaló que Dela Rosa impulsó operaciones policiales conocidas como ‘Tokhang’, iniciadas en Davao y luego extendidas a nivel nacional, y que alentó a los agentes a justificar las muertes mediante «escenarios ficticios de defensa propia».
«Al igual que Duterte -quien se encuentra bajo custodia de la CPI desde marzo del año pasado y está ya a la espera de juicio-, Bato merece ir a prisión y rendir cuentas. Desempeñó un papel importante en la implementación de la sangrienta guerra contra las drogas», anotó hoy Llore Pasco, cuyos dos hijos murieron durante la campaña.
Amnistía Internacional (AI) también se ha sumado al postulado de las familias: «El Gobierno de Filipinas debería arrestarlo de inmediato. Al igual que el expresidente Rodrigo Duterte, debería ser entregado posteriormente a La Haya para responder por los presuntos delitos, señaló la organización de derechos humanos.
La orden contra Dela Rosa fue inicialmente clasificada como secreta debido a riesgos para víctimas y testigos, pero ha sido reclasificada como pública este lunes.
«Llevamos mucho tiempo esperando la reunión de Duterte y Bato en la cárcel de la CPI», aseveraron desde Rise Up.
La investigación de la CPI sobre Filipinas se centra en presuntos crímenes cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019 en el marco de la llamada «guerra contra las drogas» de Duterte. EFE
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