Fracasa la licitación para levantar una polémica cárcel en una isla hondureña

Tegucigalpa, 16 ago (EFE).- La licitación para construir una cárcel para presos de alta peligrosidad en las Islas del Cisne, en el Caribe de Honduras, anunciada por la presidenta Xiomara Castro y que suscita oposición interna e internacional, fracasó por falta de garantías bancarias, informó este viernes una fuente oficial.

De doce empresas que iniciaron el proceso de licitación, al final solamente quedaron dos, una internacional y otra nacional, dijo a los periodistas el director de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y titular de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, coronel Ramiro Muñoz.

Agregó que la empresa internacional no calificó porque sus garantías bancarias las tiene en bancos extranjeros.

Según Muñoz, la licitación se inició con doce empresas, de las que seis presentaron su documentación y de ellas una se retiró, quedando solamente cinco.

En el proceso, de las cinco finalistas quedaron tres, pero una de ellas se retiró «también por falta de garantías», explicó el alto oficial de las Fuerzas Armadas.

Ante el fracaso de la licitación, se convocará a un nuevo proceso que deberá estar concluido a más tardar en dos semanas, en el que incluso podrán participar algunas de las empresas que ya lo hicieron en el primer intento, afirmó Muñoz.

Señaló además que para la segunda licitación serán invitados varios entes de transparencia para que sean veedores del proceso.

El anuncio de la construcción de una cárcel para 2.000 privados de libertad de «alta peligrosidad» en las Islas del Cisne, un parque nacional marino situado a 250 kilómetros de tierra firme, lo hizo a finales de 2023 la presidenta Castro.

También anunció otra cárcel, para 20.000 personas, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, el segundo al este, en el Caribe, limítrofes con Nicaragua, como parte de un plan para reducir la violencia y el crimen organizado en el país centroamericano.

La prisión en las Islas del Cisne tendrá un coste de 2.000 millones de lempiras (80 millones de dólares, unos 72 millones de euros) y debería estar terminada en un año, según las proyecciones oficiales.

Desde que Castro anunció la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, biólogos, ambientalistas, defensores de derechos humanos y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), entre otros sectores, se han pronunciado en contra por el «grave daño ambiental» que se le causará al parque marino.

También se ha manifestado en contra de las dos prisiones anunciadas por la mandataria hondureña la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), Isabel Albaladejo, quien a inicios de julio dijo que «podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario». EFE

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