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Gobierno de Perú dice que reestructuración de petrolera estatal no plantea privatización

Lima, 1 ene (EFE).- El Gobierno de Transición de Perú no se plantea privatizar la petrolera estatal Petroperú, tras haber ordenado la reestructuración de sus activos, pero sí abre la posibilidad del ingreso de capitales privados para permitir que supere la crisis financiera que afronta, afirmó este jueves la ministra de Economía, Denisse Miralles.

«La decisión adoptada no es una privatización, no es una venta ni una entrega de la empresa. Es una reorganización necesaria para salvaguardar los intereses de todos los peruanos», declaró Miralles al Canal N de televisión.

La ministra agregó que la reestructuración busca que Petroperú sea autosostenible y eliminar «beneficios desproporcionados» mediante «una administración correcta y transparente».

«Esta empresa enfrenta una grave crisis financiera y no podemos mantener beneficios desconectados de la realidad de todos los peruanos», sostuvo.

Agregó que la posibilidad de permitir el ingreso de capitales privados «no significa perder el control estatal», porque se está «buscando eficiencia, no privatización».

«El Perú no va a ceder el poder sobre Petroperú», ratificó.

La ministra también rechazó que legisladores de izquierda hayan adelantado que plantearán su censura en el cargo por su responsabilidad en lo que consideran una iniciativa de privatización.

«El objetivo es evitar que esta empresa colapse, recuperar su valor estratégico y no seguir sacrificando recursos públicos. Esa es una decisión empresarial responsable, no ideológica», acotó tras decir que está dispuesta a dar explicaciones ante el Congreso.

Mediante un decreto oficial, el gobierno autorizó, «de manera excepcional y por razones de necesidad pública», la reorganización de los activos de Petroperú «en uno o más bloques patrimoniales», en los cuales se puede incluir la Nueva Refinería de Talara, construida en la costa norte del país.

La norma, que tendrá vigencia de un año, estableció que se debe entender «incorporada a la citada empresa en el proceso de promoción de la inversión privada» y que la agencia estatal Proinversión determinará la modalidad aplicable, mediante un plan de promoción que debe ser aprobado en un plazo máximo de sesenta días.

El gobierno remarcó que el contenido de este plan «tiene carácter vinculante» para Petroperú y que su directorio debe ejecutar los actos necesarios en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la decisión respectiva, «bajo responsabilidad funcional».

Miralles había adelantado el pasado 28 de diciembre que el Gobierno iba a aprobar un decreto para la «reestructuración integral» de Petroperú, con la intención de «salvaguardar los activos del Estado» ante la crisis financiera que afronta la empresa.

Anticipó que entre los mecanismos que se pueden aplicar está el de Proyectos en Activos, en el que «el Estado no vende, sino que pone en valor para que un privado desarrolle, realice una inversión y le genere réditos al Estado también».

Las pérdidas acumuladas de Petroperú, empresa estatal a cargo de la exploración, refinamiento y distribución de combustibles, bordearon los 300 millones de dólares hasta julio pasado, lo que equivale a un 53 % de su capital social. EFE

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