Gremio minero de Ecuador advierte intereses electorales en protestas contra mina La Plata
Quito, 27 mar (EFE).- La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, asegura que la agenda de desarrollo del país no puede estar supeditada a un personaje político, después de que las consultas ambientales para el proyecto minero La Plata hayan sido suspendidas por un juez tras las protestas de colectivos indígenas y antimineros. Entre las organizaciones que se manifestaron en contra de la celebración de las consultas ambientales para desarrollar el proyecto está el Frente Nacional Antiminero (FNA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leonidas Iza. Silva ha incidido en declaraciones a EFE que este movimiento «no tiene ningún plan real de desarrollo, pero sí sabe contagiar y manipular, y el país no puede estar sujeto a este tipo de chantajes, no solo a un proyecto minero, sino a la agenda de inversiones del país». «Hay que reconocer que estamos en una época preelectoral (para los comicios generales de 2025), y que esos movimientos políticos han visto también súpermermado su capital político. No tienen la aceptación que tenían hasta hace un año y medio. Ahora están debilitados», afirma Silva. «No tienen propuestas creativas para salir adelante, para captar la atención de la gente, para brindar una esperanza de desarrollo a la gente. Lo que están haciendo es infundiendo miedo a base de mentiras, extorsión y chantaje a las comunidades para generar el caos y así generar una plataforma política que les permita remontar electoralmente, y eso es nefasto», añade. Consultas suspendidas, no anuladas Si bien el movimiento indígena ha celebrado la suspensión temporal de las consultas ambientales como un triunfo, la presidenta del gremio minero ha recordado que eso no significa que quede anulado el proyecto minero ni que el proceso de consulta ambiental sea inconstitucional. «Consiguieron que un juez local dicte esa medida cautelar. Nos llama la atención porque es una medida que da un juez local, sobre un derecho que está consagrado en la Constitución y la Corte Constitucional a través de muchos fallos», apunta Silva. La resolución judicial se dio después de que la semana pasada un grupo de manifestantes antimineros accediesen al recinto donde se desarrollaban las consultas ambientales con los habitantes de la zona de influencia directa del proyecto, según el parte brindado por la Policía. Esto llevó a la Policía a actuar para resguardar a los asistentes y a los funcionarios a cargo de la consulta, lo que dejó un saldo de al menos diecisiete personas heridas, entre ellos dos policías, así como dos vehículos calcinados. El Gobierno aseguró el martes en un comunicado que el contingente policial no usó armamento letal ni perdigones, y que los heridos por armas blancas y perdigones corresponden a armas de fuego caseras que portaban los manifestantes. Los hechos ocurrieron en la parroquia de Palo Quemado, perteneciente al cantón (municipio) de Sigchos, en la andina provincia de Cotopaxi, donde se encuentra la concesión de 2.222 hectáreas otorgada a la minera canadiense Atico Mining, que prevé invertir unos 100 millones de dólares para la explotación de este yacimiento polimetálico. Población «aterrorizada» Silva afirma que la población de Palo Quemado está «aterrorizada» después de los hechos de la semana pasada, pues «este tipo de levantamiento de la población nunca es la población de directa influencia, siempre es una población lejana que dice querer estar dentro del área de influencia». «Estos grupos sociales agitan a las poblaciones, inclusive hemos visto que en otras ocasiones y en esta también se violenta a los mismos comuneros», remarca. Entre los colectivos antimineros se reclamaba que las consultas ambientales se realizaban con un grupo muy reducido de la población de Sigchos, pero Silva explica que este proceso se lleva a cabo con las personas que se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto, que en este caso abarca 1.034 de las 2.222 hectáreas de la concesión. «El Ministerio del Ambiente, a través de estudios técnicos, determinó que el área de directa influencia comprende aproximadamente 1.030 hectáreas, y la convocatoria se hace a las comunidades que están dentro de esa superficie», declara Silva para aclarar que no es la minera quien hace la convocatoria. Asimismo, Silva destaca que una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador avala el contenido de los diferentes instrumentos legales emitidos por el Gobierno para garantizar los derechos de consulta ambiental y consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas hasta que la Asamblea Nacional (Parlamento) emita sus correspondientes leyes. EFE fgg/sm/icn
