Jóvenes indígenas exigen Comisión de la Verdad para investigar crímenes del caucho en Perú
Lima, 14 oct (EFE).- Un grupo de jóvenes líderes indígenas peruanos presentó una demanda contra el Estado de Perú por los delitos cometidos durante la época del llamado “boom del caucho” (1880-1920) en las regiones amazónicas, así como la exigencia de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes perpetrados en esa época, de acuerdo a un pronunciamiento difundido este martes.
Originales del departamento de Loreto, el más grande del país y frontera amazónica con Brasil, Colombia y Ecuador, alrededor de treinta jóvenes peruanos, pertenecientes al colectivo ‘Tsiuni’ («escuchar» en idioma kukama), presentaron el pasado lunes su demanda ante la Corte Superior de Justicia de esta región.
«Nos organizamos desde el dolor», declaró el colectivo en un comunicado público, «un dolor que exige justicia, y una justicia que es un camino para sanar y garantizar que esto no se repita».
Con la intención de «restaurar la memoria, la dignidad y la justicia histórica», el colectivo reúne representantes de hasta diez pueblos indígenas, entre ellos los kukama, maijuna, secoya, murui, bora, tikuna, awajún, arabela, achuar y wampis; y busca denunciar la «ola de exterminio, violencia, esclavitud y asesinatos arbitrarios» que acabaron, estiman, con al menos 30.000 indígenas.
Derecho a la verdad
Bajo el fundamento jurídico del «derecho a la verdad», reconocido por el Tribunal Constitucional del Perú por más de dos décadas, el colectivo exige al gobierno investigar de manera definitiva y formal los crímenes cometidos, alegando que «todos los peruanos, tanto individual como colectivamente, tienen derecho a conocer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos, a aprender del pasado y a garantizar que esos crímenes no se repitan».
«La violencia es cíclica en la Amazonía», explicó el colectivo Tsiuni, estableciendo similitudes entre la violencia de entonces y las amenazas que hoy enfrenta.
«Nunca se ha detenido y sigue operando de la misma manera, a manos de empresas y grupos poderosos, y de un Estado cómplice y criminal», expresaron en referencia a las industrias extractivas modernas que aún operan en la región.
En su denuncia, criticaron además las acciones del actual gobernador de Loreto y la inauguración del «Paseo del Caucho» en la ciudad de Iquitos, en el centro este del departamento, en mayo del año pasado, como un espacio dedicado al turismo y comercio.
En la historia del caucho de Perú hubo varios países involucrados, como Brasil, Congo, Estados Unidos, Reino Unido o Barbados, y fue un cónsul irlandés, Roger Casement, quien fue enviado a investigar los crímenes atribuidos al político Julio César Arana y a su empresa, por estar domiciliada en Inglaterra, después de certificar abusos similares cometidos por los explotadores del caucho en África.
A la espera de una resolución a su demanda, los representantes de Tsiuni mantendrán sus acciones legales con la esperanza de que un fallo favorable les devuelva el derecho a conocer su historia. EFE
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