La directiva europea anticorrupción afronta con bloqueos una fase clave de su negociación
Estrasburgo (Francia), 19 jun (EFE).- La futura directiva europea para luchar contra la corrupción, que busca igualar definiciones y penas mínimas para este tipo de delitos en todos los países comunitarios, está por el momento atascada por el desacuerdo entre el Parlamento Europeo y un pequeño grupo de países a la hora de definir qué crímenes deben armonizarse en todos los Estados miembros.
En el centro del ‘impasse’ está el delito de abuso de la función pública, que un grupo de países -pequeño pero suficiente como para generar una minoría de bloqueo- está presionando para sacar de los delitos que cubriría la directiva en contra del criterio unánime del Parlamento Europeo.
Son Alemania, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, según confirman varias fuentes, los que se oponen a que este delito tenga una definición y penas máximas comunes en toda la UE. Italia, apuntan, será difícil de convencer porque el Gobierno de Giorgia Meloni eliminó recientemente el abuso de función pública de la categoría de delitos de corrupción.
Para el Parlamento Europeo, por contra, incluir este delito es una línea roja sin el cual la legislación quedaría demasiado aguada. En el equipo negociador de la Eurocámara está el eurodiputado español Jorge Buxadé (Vox), que dijo a EFE que sería preferible no sacar adelante la directiva que cerrar un acuerdo débil en la lucha contra la corrupción.
En el fondo del debate está el tradicional celo de los gobiernos europeos a que Bruselas legisle sobre cuestiones de derecho penal, que ya causó a finales de la pasada legislatura que descarrilara el intento europeo de armonizar la definición del delito de violación basándose en la ausencia de consentimiento.
La última ronda de negociaciones se saldó sin consenso en la madrugada del lunes al martes. Desde entonces, la presidencia polaca -que negocia en nombre de los veintisiete países de la UE este semestre- ha intentado hasta el último momento acercar posturas entre los países reticentes para cerrar un acuerdo antes de que acabe su mandato el próximo 30 de junio.
Pese a ello, fuentes de la negociación han constatado este jueves que no hay margen para avanzar más en los diez días que quedan de presidencia polaca y pasarán el complejo ‘dossier’ a la presidencia danesa, que arranca el 1 de julio.
Aunque en el Consejo el espíritu es de «trabajar de manera constructiva», entre las fuentes consultadas hay temor a que Dinamarca no otorgue tanta importancia a este ‘dossier’ debido a que Copenhague está exenta de las decisiones europeas en el ámbito de la justicia. También es posible, reconocen, que se lo tome en serio porque Dinamarca no se verá afectada por el resultado y puede ejercer como un mediador totalmente neutro.
Por otro lado, esta directiva también podría obligar a España a enmendar las horquillas de penas de cárcel para delitos que quedan bajo el paraguas de la corrupción, como la malversación, ya que la propuesta sobre la mesa sugiere una pena máxima superior a algunos tipos en el Código Penal español reformado en 2023 con un acuerdo entre el PSOE y ERC.
Un estudio del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo cifra las pérdidas anuales por la corrupción en 990.000 millones de euros para los 27 países de la UE. «La directiva puede ser un importante paso en la lucha contra la corrupción. Pero esto sólo ocurrirá si el Parlamento y la Comisión son capaces de mantenerse firmes frente a aquellos países que intentan socavarla desde dentro el Consejo», advierte Transparencia Internacional (TI). EFE
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