La Haya, el campo de batalla judicial contra Israel tras dos años de ofensiva en Gaza

Imane Rachidi

La Haya, 4 oct (EFE).- Dos años después del ataque de Hamás que precedió a la actual ofensiva israelí en Gaza, el frente judicial se concentra en La Haya, donde la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se han convertido en escenarios centrales de la batalla para frenar a Israel, en medio de acusaciones de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

La CPI, que juzga a individuos por crímenes graves cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo, emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, incluido el uso del hambre como arma contra la población civil.

La corte, que no reconoce la inmunidad por cargo, no puede proceder con el juicio hasta que los sospechosos sean arrestados y trasladados a La Haya. No obstante, las órdenes de arresto, avaladas por los jueces en noviembre pasado, fueron en sí un giro decisivo en esta batalla judicial para frenar la presunta comisión de crímenes en Palestina.

La CPI, sancionada

Fue la primera vez que un tribunal internacional apuntaba directamente contra la cúpula israelí, y la reacción fue inmediata: Estados Unidos sancionó a jueces y fiscales de la Corte, mientras Hungría —que recibió a Netanyahu en su territorio sin detenerlo— anunció su retirada del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.

Y ahora los expertos alertan de que nuevas sanciones estadounidenses podrían llegar en las próximas semanas, lo que implica que bancos, proveedores de software y otros servicios tienen prohibido tratar con los funcionarios sancionados.

“Estas sanciones crean un clima de miedo y ansiedad; complican el trabajo cotidiano de la Corte, que de por sí tiene una tarea enorme. Cada minuto que su personal dedica a encontrar cómo operar bajo estas restricciones es tiempo perdido que debería emplearse en investigar y juzgar”, dijo a Efe James A. Goldston, exfuncionario de la CPI y director de la Iniciativa de Justicia Open Society.

Para este jurista, la Corte atraviesa una prueba decisiva. “Se enfrenta ahora a una oposición sin precedentes. Su misión de juzgar a líderes políticos y militares de alto rango por crímenes graves garantiza que nunca podrá contentar a todos. Por eso, que la Corte enfrente semejante oposición no deja de ser decepcionante, aunque sorprendente”.

La presión externa coincide con una crisis interna. Poco después de anunciar las órdenes de arresto, el fiscal de la CPI, Karim Khan, fue denunciado por presunto acoso sexual y está siendo investigado por la Oficina de Supervisión Interna de la ONU.

Él niega las acusaciones, pero en mayo pasado se tomó una licencia temporal hasta que concluya la investigación, un episodio que debilitó la imagen de la Corte en un momento clave.

De momento, las sanciones se dirigen a varios jueces y fiscales, pero Goldston advierte de que, si llegaran a extenderse a la institución en su conjunto, “la existencia misma de la Corte estaría en juego y las pérdidas serían incalculables”.

Entre los riesgos, menciona la posible liberación de detenidos como el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte; la paralización de investigaciones en Afganistán, Myanmar, Venezuela o Ucrania; y el abandono de miles de víctimas sin ningún recurso de justicia.

Genocidio ante la CIJ

En paralelo, la CIJ, máximo tribunal de la ONU, examina dos procesos clave. Sudáfrica demandó a Israel en diciembre de 2023 por genocidio en Gaza, y aunque el caso tardará años en resolverse, la Corte ya dictó medidas cautelares a lo largo del año pasado que obligan a Netanyahu a evitar cualquier acto de genocidio y a permitir la entrada de ayuda humanitaria.

Esas medidas no frenaron la ofensiva en Gaza, pero situaron al Estado hebreo bajo un escrutinio jurídico sin precedentes.

Además, en un caso separado en julio de 2024, la CIJ concluyó que la ocupación y la construcción de asentamientos israelíes en Palestina son ilegales, que el bloqueo de Gaza viola derechos fundamentales, y que Israel debe cesar esas actividades, retirar a los colonos y reparar los daños. También instó a los demás Estados y a la ONU a no reconocer ni asistir a la ocupación.

En este segundo aniversario, la memoria del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 se cruza con una narrativa global más amplia. La situación humanitaria en Gaza -con más de 66.000 palestinos muertos y 168.000 heridos en dos años- se ha convertido en un caso de prueba para el futuro de la justicia internacional y para el papel de La Haya en un mundo cada vez más dividido entre quienes apuestan por reforzar la rendición de cuentas y quienes ven en los tribunales un instrumento de confrontación política. EFE

ir/jug/jlp