Las claves de la denuncia presentada por la oposición contra el presidente de Paraguay

Asunción, 3 oct (EFE).- Ocho legisladores opositores plantearon una denuncia contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, para que sea investigado por cuatro presuntos delitos, entre ellos «enriquecimiento ilícito de funcionario público», en una acción sin precedentes en la historia del país.

Para el abogado defensor de Peña, Ricardo Preda, la denuncia no tiene «ningún sustento».

A continuación, presentamos las claves de la acción presentada ante el Ministerio Público.

Denunciantes

La denuncia fue interpuesta por los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez, Leidy Galeano y Adrián Vaesken, y los senadores Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez e Ignacio Iramain.

La exsenadora Kattya González, expulsada de la Cámara Alta en 2024 por el Partido Colorado y sus aliados, es una de las abogadas patrocinantes.

¿Cuáles son los delitos?

La denuncia cita los presuntos delitos de «enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio».

El documento menciona, entre otros, un supuesto crecimiento patrimonial del mandatario del 1.603 %, entre 2017 y 2023, años coinciden con el fin de la gestión de Peña como ministro de Hacienda y el comienzo de su mandato presidencial.

También se señala al gobernante de supuesto «tráfico de influencias», al esgrimir como argumento la compra de una camioneta por parte de una empresa en la que Peña era socio a una firma de un empresario asiático que hace unos meses vendió pupitres al Estado por 32 millones de dólares.

Los legisladores acusan igualmente al jefe de Estado de lavado de activos a partir de una denuncia formulada por una exempleada del servicio doméstico de la residencia presencial, identificada como Luz Candado, quien declaró al grupo de medios ABC que en esa dependencia se hallaron dos sobres supuestamente con altas sumas de efectivo.

Al respecto, la diputada Ortega explicó a EFE que no hay explicación sobre «el origen del dinero que se maneja en efectivo por parte de la familia presidencial».

Otro de los señalamientos alude al «aprovechamiento en beneficio propio» y también se menciona un presunto «abuso de poder» por el despido este año de Candado.

«Es un hecho sin precedentes, es la primera vez que un grupo de parlamentarios, ocho parlamentarios en este caso, decidimos denunciar penalmente al presidente de la República», dijo Ortega.

Objetivo

La diputada afirmó que el objetivo es «hacer un llamado de atención sobre la impunidad y la corrupción».

«Nosotros tendríamos que estar en el Parlamento discutiendo un juicio político al presidente ante estos hechos que ya son hoy de público conocimiento. Si no lo hacemos es porque hay una aplanadora, como le decimos, una mayoría parlamentaria que protege al presidente», sostuvo refiriéndose a la representación, en ambas cámaras, del Partido Colorado.

Defensa de Peña

El abogado del presidente afirmó este viernes, en una conferencia de prensa, que las acusaciones no tienen «ningún sustento» ni «entidad suficiente» para la apertura de una investigación.

Entre otros, explicó que el crecimiento patrimonial se produjo cuando Peña estaba en el sector privado antes de ser presidente, por lo que consideró que el caso no tiene «relevancia penal».

De igual forma, rechazó un supuesto tráfico de influencias, el supuesto favorecimiento del Estado al grupo Ueno Bank y aseguró que el mandatario no define las licitaciones.

También consideró que la versión de la exempleada de servicio doméstico tenía «inconsistencias lógicas».

Vía legal

El artículo 225 de la Constitución de Paraguay prevé que el presidente puede ser sometido «a un juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargos o por delitos comunes».

En ese caso, la Cámara de Diputados debe formular la acusación por mayoría de dos tercios y le corresponderá al Senado «por mayoría absoluta de dos tercios» juzgar al funcionario.

Consultado por EFE, Preda reconoció que la Fiscalía puede abrir una investigación contra el presidente, ya que no requiere el levantamiento de la inmunidad.

«Este caso no tiene ningún mérito», agregó el jurista, quien no cree que el proceso prospere.

La exsenadora González explicó, por su parte, a EFE que en el marco constitucional paraguayo el presidente «no tiene fueros de proceso», motivo por el cual «puede ser investigado libremente por la fiscalía y el poder judicial». EFE

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