Magistrados del Constitucional dicen que denuncia busca afectar elecciones en Bolivia
La Paz, 7 oct (EFE).- Los magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia (TCP) afirmaron este martes que la denuncia por prorrogar su mandato presentada en su contra por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) busca generar incertidumbre y afectar la segunda vuelta electoral presidencial del próximo 19 de octubre.
«Hay acciones concretas tanto de ciertos legisladores, como del órgano Judicial, que procurando el descabezamiento de este Tribunal Constitucional, buscan generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad actual del proceso electoral y con ello amenazar la democracia», señaló el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado.
Esta jornada, el TSJ denunció penalmente a los cinco magistrados del TCP que prorrogaron su mandato a finales de 2023, a falta de las elecciones judiciales que no pudieron efectuarse ese año, por dos resoluciones contra la Constitución y usurpación de funciones.
Por esto, Hurtado, en compañía de los magistrados del TCP Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo, leyó un pronunciamiento en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial, como respuesta a la denuncia interpuesta por el TSJ.
La declaración cuestiona la denuncia del presidente del TSE, Rómer Saucedo, a quien se señala por haber «quebrantado la independencia de poderes» y exceder sus funciones.
Saucedo «pretende iniciar persecución judicial en contra de algunas autoridades de este tribunal (el TCP), con el objeto de generar un vacío de poder que impida se ejerza un control de constitucionalidad», señaló Hurtado.
Además, el presidente del TCP pidió a «todos los órganos del Estado» garantías del funcionamiento de todas las instancias de poder y «defender» la democracia de cara a la segunda vuelta electoral.
Hurtado cuestionó que la denuncia se haga a dos semanas de la inédita segunda vuelta electoral que enfrentará al centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el derechista y exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).
Asimismo, el presidente del TCP indicó que pidió reiteradas veces al Parlamento la realización complementaria de la elección judicial realizada de manera parcial a finales del año pasado.
Según el presidente del TSJ, el Constitucional es «una de las instituciones que más le ha causado daño al país» a través «de los magistrados autoprorrogados» y manifestó que no se puede permitir «que un puñado de personas destruyan la institucionalidad».
Las elecciones judiciales se efectuaron en Bolivia en diciembre de 2024, un año después de lo previsto por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso.
Esos comicios fueron los terceros de su tipo tras las elecciones de 2011 y 2017, que tuvieron una gran cantidad de votos blancos y nulos en rechazo a los procesos considerados en su momento manipulados por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), para elegir a magistrados afines al Gobierno.
Por un fallo constitucional, las elecciones de 2024 se realizaron íntegramente solo en cuatro regiones, mientras que en las otras cinco no se pudo elegir a los jueces del TCP y en dos de ellas tampoco a los magistrados del TSJ.
El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía terminar a principios del año pasado, pero en diciembre de 2023 el TCP decidió ampliarlo alegando que se buscaba evitar un «vacío de poder».
Los magistrados del Constitucional que decidieron la prórroga emitieron a principios de este año un nuevo fallo que amplió aún más sus funciones y las de los que permanecieron en el TSJ hasta que se completen las elecciones judiciales.
Está en manos del Parlamento la aprobación de una ley para la realización de una «elección complementaria» para designar los siete puestos del TSJ y el TCP que aún ocupan los magistrados que prorrogaron sus funciones. EFE
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