Nicaragua cierra otras 15 ONG, incluido un centro de atención a madres adolescentes

San José, 27 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua canceló este lunes la personalidad jurídica de 15 organizaciones sin fines de lucro, incluidas 10 que solicitaron la disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial de madres adolescentes.

La disolución de esas 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Según el Ministerio de Gobernación, se ilegalizaron cinco ONG por incumplimiento de las leyes que las regulan, mientras que las otras diez fueron canceladas por disolución voluntaria.

Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral esas cinco ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las leyes, obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.

Con el cierre de estas 15 ONG, suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Casa Alianza Nicaragua, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) y otras, en su mayoría de corte cristiano evangélico.

Casa Alianza Nicaragua, que solicitó la disolución voluntaria, es una ONG durante 25 años ha protegido y reintegrado socialmente a adolescentes en situación de riesgo. En 1999 recibió la Certificación Internacional Praesidium por cumplir con los estándares en la atención de menores en riesgo.

El Estado decomisará sus bienes

Sobre la liquidación del patrimonio de las organizaciones cerradas, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.

Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de la República, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.

Miles de nicaragüenses salieron a las calles entonces a protestar por unas controvertidas reformas de la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan el número a 684 y el gobierno de Ortega reconoce «más de 300».

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales rivales políticos en prisión o en el exilio. EFE

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