ONG internacionales apelan al Supremo israelí el cese de operaciones en Gaza y Cisjordania
Jerusalén, 24 feb (EFE).- Un total de 17 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, junto a la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA), apelaron al Tribunal Supremo la orden israelí de clausurar sus operaciones en Gaza y Cisjordania ocupadas tras su negativa a proporcionar datos personales de miles de empleados locales.
«La exigencia de transferir datos personales plantea graves riesgos legales y de seguridad. Expone al personal nacional a posibles represalias y socava las garantías establecidas de protección de datos y confidencialidad», denunciaron este martes las ONG en un comunicado conjunto, en el que advirtieron del efecto «inmediato» que su clausura tendrá en millones de palestinos.
Los demandantes -entre los que se encuentran Oxfam, el Consejo Noruego para Refugiados y Alianza por la Solidaridad- confirmaron a EFE que entregaron la apelación ante el Supremo el pasado domingo, 22 de febrero.
Está previsto que el cese forzoso de sus operaciones -que afectaría también al ocupado Jerusalén Este- comience el próximo sábado 28 de febrero o el domingo 1 de marzo, cuando se cumple el plazo de 60 días dado por el Gobierno israelí a estas ONG para que se registraran usando el nuevo formulario.
Los demandantes urgen al tribunal a adoptar una medida cautelar a fin de preservar el ‘statu quo’ e impedir la expiración de su registro, la salida del personal extranjero (que no podrá renovar sus visados de trabajo) y el cese de sus actividades hasta que se dicte una sentencia definitiva.
«Los programas de ayuda esenciales puedan verse afectados o verse obligados a cesar a menos que se produzca una intervención judicial o cambios en las políticas», advierten las ONG.
Además, recuerdan que según el Cuarto Convenio de Ginebra, una potencia ocupante como es Israel debe facilitar ayuda humanitaria a la población civil bajo su control y que, hasta ahora, el registro de estas ONG internacionales ante la Autoridad Palestina constituía «la base legal» para que operasen en territorio palestino.
Según las ONG afectadas, junto a las agencias de la ONU y socios palestinos apoyan o implementan la entrega de más de la mitad de la asistencia alimentaria en Gaza, el 60 % de las operaciones de los hospitales de campaña, todo el tratamiento hospitalario para niños con desnutrición aguda y el 30 % de los servicios educativos de emergencia.
El nuevo registro aprobado en diciembre, que el Gobierno de Israel defiende por razones de seguridad para detectar a «terroristas» infiltrados, obliga a las ONG a facilitar información sensible sobre sus empleados y recoge como motivos para denegarles la licencia la participación en campañas de deslegitimación contra Israel, el negar que sea un «Estado judío y democrático» o el apoyo, escrito u oral, a procesos judiciales contra soldados en un tribunal internacional, entre otros. EFE
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