Panamá refrenda contrato para auditoría integral a mina de cobre inhabilitada desde 2023
Ciudad de Panamá, 7 oct (EFE).- El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) informó este martes que fue refrendado el contrato con la empresa SGS Panamá Control Services Inc., correspondiente al servicio de Auditoría Integral de la mina a cielo abierto operada por First Quantum Minerals (FQM) – inhabilitada desde noviembre de 2023 -, tras completarse la fase preparatoria del proceso.
Precisa la nota del Gobierno panameño que la auditoría será un «proceso técnico y exhaustivo» que abarcará todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III, y destaca que este mecanismo tiene como propósito «garantizar la verificación del cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto, bajo criterios de transparencia y estándares internacionales de evaluación».
«Todos estos compromisos serán verificados dentro de este proceso de auditoría integral, que permitirá evaluar, con base en evidencia, cómo ha sido el nivel de cumplimiento a lo largo del tiempo en cada una de las fases del proyecto», explicó, en declaraciones recogidas por MiAmbiente, Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de la cartera ambiental panameña.
El periodo de ejecución, detalla la información oficial, será de seis meses contados a partir de la orden de proceder registrada en el sistema PanamáCompras, y la vigencia total del contrato se extenderá por ocho meses, los cuales incluyen «seis meses de ejecución y dos meses destinados a la etapa de liquidación».
«El proceso se centrará en los aspectos ambientales más relevantes y en la revisión de 32 informes de la fase de construcción y 10 del periodo de operación de la mina. El análisis abarcará lo ejecutado durante la etapa de diseño y construcción, con el propósito de verificar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura», subraya el comunicado.
El equipo auditor, según la misiva, considerará, entre otros: temas vinculados con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), calidad del aire y del agua, gestión del recurso hídrico, seguridad de los depósitos de materiales, relación con las comunidades, biodiversidad y patrimonio cultural.
El Ministerio de Ambiente de Panamá -señala el comunicado-, invita a la ciudadanía y a los sectores interesados a presentar observaciones o sugerencias para ser consideradas durante la auditoría, con el fin de asegurar un proceso transparente, riguroso y alineado con los más altos estándares internacionales de cumplimiento ambiental, social, legal y tributario.
Al margen de este refrendo de la auditoría integral a la mina de cobre, organizaciones ambientalistas, en septiembre pasado, cuestionaron que MiAmbiente excluyera de la revisión 170 compromisos ambientales, de los más de 300 compromisos, argumentando que ya habían sido ejecutados en la fase de construcción.
La Mesa Técnica y Panamá Vale Más Sin Minería indicó en su momento que MiAmbiente eliminó recomendaciones de la sociedad civil, entre ellas ampliar la auditoría a áreas fuera de la concesión, incluir muestreos microbiológicos y evaluar la calidad y cantidad de agua.
En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares según los datos oficiales, después de una oleada de protestas antimineras, por lo que quedó inhabilitada.
Después del cierre de operaciones, el gobierno de entonces de Laurentino Cortizo (2019-2024) y la empresa elaboraron un plan de preservación que entró en práctica en mayo de este año. Pero dentro quedaron unas 120.000 toneladas de concentrado de cobre, que desde el pasado julio han ido exportándose en buques.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, quien en diversas ocasiones ha señalado el golpe económico que ha supuesto para el país el cierre de esa mina, aspira a una «asociación real» con la minera canadiense como vía para una eventual resurrección del proyecto, que representaba casi el 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá, y generaba cerca de 7.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos. EFE
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