Patronal tilda de “hurto descarado” el manejo “antojadizo” de ayuda educativa en Panamá
Ciudad de Panamá, 14 abr (EFE).- La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) tildó este domingo de “hurto descarado” el manejo “antojadizo” de fondos públicos millonarios entregados a familiares de funcionarios, políticos y empresarios como “auxilios” no reembolsables para costear estudios superiores. Este escándalo por los llamados “auxilios económicos” que otorga el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) estalló años atrás y revive ahora con la publicación por el diario La Prensa de una base de datos, armada por el propio rotativo, en la que se identifica a una parte de los beneficiados por el programa entre julio el 2019 y mayo de 2023. La lluvia de críticas no solo deriva del hecho de que entre los beneficiados, con montos de hasta 200.000 dólares, están familiares de funcionarios de alto rango, incluido el presidente del país, Laurentino Cortizo, sino porque muchas identidades están bajo reserva por decisión de la Contraloría General del país. “La forma en que han sido utilizados estos mal llamados auxilios no nos permite ser meros espectadores por lo que, además de unirnos al clamor nacional exigiendo una investigación a fondo sobre el manejo antojadizo de estos fondos, nos encontramos estudiando los elementos legales que nos permitan denunciar ante el Ministerio Público este hurto descarado”, dijo la CCIAP en una declaración pública. A juicio de la cúpula patronal, “tanto quienes orquestaron como quienes ejecutaron este esquema de distribución discrecional de fondos del Estado les debe caer todo el peso de la ley. Aquellos que recibieron dineros públicos sin necesidad tienen que devolverlos o enfrentar las consecuencias. Caiga quien caiga”. “La educación es el elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país, de allí que creemos en el otorgamiento de becas a estudiantes que por sus méritos así lo merecen”, agregó la Cámara, que agrupa a unas 1.600 empresas de 15 sectores económicos de Panamá. El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) acusó el viernes al contralor general del país, Gerardo Solís, de “justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos”, por la defensa que ha hecho de la forma en que se han repartido los llamados “auxilios financieros”. Solís defendió este viernes su decisión de mantener en reserva el nombre de beneficiarios de las ayudas no reembolsables, sostuvo que no revelará la información y afirmó que criticar que estos recursos sean dados a familiares de políticos y de poderosos empresarios, es una manifestación de discriminación. “Voy a hacer una auditoría de los pocos auxilios económicos que han producido escándalos últimamente”, dijo Solís, al señalar que en el actual Gobierno se han beneficiado con auxilios financieros “a 9.906 panameños (…) 5.306 para estudiar fuera de Panamá”, pero “no he contado en las redes más de 50 personas que han sido escándalo (…) conté 18”. A estas “18 personas, de 9.906 (adjudicatarios), que las están discriminando por razón política, el Ifarhu no las discriminó, las están discriminando públicamente en estos momentos que estamos en un período electoral” de cara a los comicios generales de mayo próximo, agregó Solís. EFE gf/cpy
