Normas antiblanqueo: Suiza obtiene un buen resultado

El año pasado, los bancos suizos notificaron casos sospechosos de blanqueo de capitales por un valor superior a los 17 500 millones de francos. Martin Ruetschi

En los últimos años, Suiza –que se ha visto salpicada por varios escándalos de blanqueo de capitales– ha reforzado los dispositivos para combatir este delito. No obstante quedan algunas lagunas que el país debe eliminar de aquí al año 2020.

Tráfico de drogas, comercio de armas, contrabando, corrupción, fraude informático: las actividades del crimen organizado generan inmensos lucros que se reinvierten en la economía legal para encubrir su origen. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la cantidad de dinero blanqueado equivale a al menos el 2% del PIB mundial.

La digitalización y el fuerte aumento de las transacciones financieras internacionales han facilitado el lavado de dinero de origen ilícito. A finales de los años 1980, los países miembros del G7 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidieron lanzar una acción coordinada contra el blanqueo de capitales, al considerar que el control de los flujos financieros constituye uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra el crimen organizado.

¿Cómo se coordina la lucha internacional contra el blanqueo de capitales?

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En 1989, a iniciativa del G7, se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se encarga de elaborar normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Actualmente, este organismo intergubernamental cuenta con 39 miembros, entre ellos unos veinte países europeos, Estados Unidos, China, Japón, India, Brasil y Argentina.

Hasta la fecha, cerca de 180 Estados han decidido adoptar las normas del GAFI: se trata de 40 recomendaciones en las que se definen las medidas para identificar y bloquear los flujos de capitales ilícitos. Por ejemplo,  crear una autoridad de vigilancia para el blanqueo, reforzar la transparencia del sector financiero, establecer un marco legal y cooperar con otros países.

¿En qué punto se encuentra Suiza?

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Suiza es miembro del GAFI desde 1990. En aquella época, la plaza financiera helvética estaba considerada como uno de los centros de blanqueo de capitales más importantes del mundo. Un fenómeno que se vio favorecido no solo por el secreto bancario y la relevancia de los bancos helvéticos en la gestión de fortunas a nivel internacional, sino también por el marco jurídico y fiscal especialmente favorable a  la creación de miles de empresas en paraísos fiscales (offshore).

En respuesta a la creciente presión internacional y después de que varios escándalos salieran a la luz en las décadas de 1970 y 1980, Suiza reforzó en reiteradas ocasiones las obligaciones de diligencia debida para los bancos y en 1997 promulgó una ley antiblanqueo. Esta exige, entre otras cosas, identificar a los clientes y sus negocios, así como notificar a las autoridades los casos sospechosos de blanqueo de dinero.

Los avances registrados en los últimos años se reflejan en el creciente número de casos sospechosos que los bancos y otros intermediarios financieros comunican a las autoridades. Solo en el año 2018, la Oficina de Comunicación en materia de blanqueo de capitales (MROS) recibió más de 6 100 notificaciones relativas a 17 500 millones de francos.

¿Qué está pendiente?

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El cuarto informe del GAFI, publicado a finales de 2016, confirmó la eficacia de los instrumentos contra el blanqueo de capitales. Suiza obtuvo un buen resultado, que es superior a la media de los 80 países analizados hasta ahora. Sin embargo, el informe reveló insuficiencias en 9 de las 40 recomendaciones del GAFI.

En junio pasado, para corregir estos fallos, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de revisión de la ley. Algunos de los puntos principales son: la obligación de diligencia debida deberá extenderse a las consultorías financieras que ofrecen servicios para la constitución y gestión de empresas o trusts. Los papeles de Panamá mostraron que más de mil bufetes de abogados y consultorías suizas estaban implicadas en la gestión de sociedades extraterritoriales en Panamá destinadas a evadir impuestos y blanquear dinero.

En el futuro tendrán que estar inscritas en el registro comercial todas las asociaciones que corren el riesgo de ser utilizadas para la financiación del terrorismo o el blanqueo de capitales. En el caso de los comerciantes de piedras preciosas y metales preciosos, el valor límite para notificar a las autoridades competentes será reducido de 100 000 a 15 000 francos.

El Parlamento deberá eliminar las lagunas legales de aquí a febrero de 2020, tal y como prevé el informe de GAFI. En 2021, Suiza será sometida de nuevo a una evaluación para determinar la eficacia de sus dispositivos contra el blanqueo de capitales.

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