Nuevas medidas antiterroristas inquietan a ONG
El Gobierno suizo quiere dotarse de nuevas herramientas para prevenir el terrorismo. Somete al Parlamento una ley que permite controlar mejor a los sospechosos y limitar sus movimientos. Medidas que podrían llevar a toda una serie de abusos, denuncian diversas organizaciones.
En el futuro, los “terroristas potenciales” podrían ser objeto de un seguimiento más estrecho y de una mayor restricción en sus movimientos. El Gobierno suizo quiere mejorar la prevenciónEnlace externo de los actos terroristas dotando a la policía de nuevas herramientas que le permitan “tratar el fenómeno de la radicalización en toda su complejidad” y proteger mejor a la población.
Para poder actuar desde los primeros signos de radicalización, el Consejo Federal (Gobierno) elaboró una leyEnlace externo que establece una serie de medidas policiales aplicables fuera de los procedimientos penales. La policía federal (fedpolEnlace externo) podría, por ejemplo, obligar a una persona a presentarse regularmente en una comisaría, prohibirle el contacto con determinadas personas, obligarle a permanecer dentro de un perímetro definido, prohibirle abandonar el territorio suizo o arrestarla en su domicilio. Los policías también podrían utilizar la vigilancia electrónica y el seguimiento por teléfono móvil.
Los menores, también concernidos
Esta serie de medidas preventivas inquietan mucho a la Plataforma de organizaciones no gubernamentalesEnlace externo (ONG) activas en Suiza en la defensa de los derechos humanos. “Estas medidas nos parecen desproporcionadas, porque son muy restrictivas y se adoptan sobre la base de meras sospechas”, declara Alain Bovard, de la sección suiza de Amnistía Internacional. Además, podrían aplicarse a menores, lo que es contrario a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”.
La ley establece efectivamente que la prohibición de contacto y la obligación de permanecer dentro de un perímetro podrían imponerse a partir de los 12 años y el arresto domiciliario a partir de los 15. Esto puede conducir a la estigmatización, o incluso a la criminalización, de los jóvenes sin que hayan sido culpables de un delito penal, señalan las ONG.
El gobierno reconoce que su proyecto “va acompañado de restricciones, a veces considerables, a los derechos fundamentales y los derechos humanos garantizados por la Constitución, pero también por el derecho internacional público. También se presta especial atención a los principios de proporcionalidad y legalidad”.
No hay lista de organizaciones terroristas
El Consejo Federal también ha decidido modificar algunas leyes en el marco de la aplicaciónEnlace externo del Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo. En particular, se abstiene de elaborar una lista de organizaciones que reconoce como terroristas en favor de una definición simple: “que persigue el propósito de cometer actos criminales de violencia destinados a intimidar a una población u obligar a un Estado o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto”.
Demasiado vago, estima Alain Bovard: “El Consejo Federal quiere prohibir ciertas actividades, pero sin especificar cuáles. Esto deja mucho margen de maniobra a los jueces cantonales: una organización podría ser reconocida como terrorista en un cantón y no en otro”.
Riesgo para los actores humanitarios
El nuevo proyecto prevé castigar a las personas que participan en organizaciones terroristas, pero también a quienes las apoyan, una disposición que podría penalizar a los actores humanitarios sobre el terreno. “La prohibición de actividades de apoyo a las organizaciones designadas como terroristas podría llevar a la criminalización de las actividades habituales de las organizaciones humanitarias imparciales y de su personal”, señala el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICREnlace externo).
La plataforma de ONG suizas de derechos humanos pide al Parlamento que devuelva el proyecto al Gobierno para que lo corrija, y, en caso de que no admita el retorno, exhorta a los legisladores a suprimir al menos la disposición más restrictiva sobre el arresto domiciliario y a excluir a los menores de esas medidas policiales. “Estos cambios legislativos pueden llevar a toda una serie de abusos, porque los conceptos son vagos y dejan demasiado espacio para la interpretación. Además, nos quedamos en el campo de la sospecha”, concluye Alain Bovard.
La llamada de las ONG habría sido escuchada: el lunes por la tarde, el Consejo de Estados (cámara alta) devolvió los dos proyectos en comisión para aclarar ciertos aspectos jurídicos, en particular en relación con la cooperación internacional.
Traducido del francés por Marcela Águila Rubín
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