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Luciano Romero Acusación contra Nestlé irá a Tribunal Federal

Tras ser amenazado de muerte, Luciano Romero, ex trabajador de Nestlé, fue asesinado en 2005. Una demanda legal acusa a la empresa de incumplir su responsabilidad de protegerlo.

Tras ser amenazado de muerte, Luciano Romero, ex trabajador de Nestlé, fue asesinado en 2005. Una demanda legal acusa a la empresa de incumplir su responsabilidad de protegerlo.

Los abogados del caso de Luciano Romero esperan que el Tribunal Federal (TF) suizo acepte entrar en materia para determinar si hubo o no responsabilidad de Nestlé en el asesinato del sindicalista colombiano, cuyo caso integra también una queja presentada ante la Corte Internacional de La Haya. La empresa, acusada de “homicidio imprudencial”, ratifica su rechazo a las imputaciones.

“No tenemos ninguna responsabilidad, de ningún tipo, directa o indirectamente, ni por acción ni omisión en el asesinato de Luciano Romero”, reitera Nestlé en respuesta escrita a las preguntas de swissinfo.ch sobre el caso, y rechaza también cualquier nexo con asociaciones delictivas.

La trasnacional se limita a acusar recibo de la decisión de la parte acusadora de recurrir al Tribunal Federal suizo, una vez que el Tribunal del cantón de Vaud rechazara la apelación contra la decisión de la Fiscalía del mismo cantón de declarar prescrito el caso del crimen de Luciano Romero, perpetrado en 2005. 

Al respecto, el presidente del Sindicato colombiano de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal), Javier Correa, confía en que la instancia federal dé entrada al caso y ordene las pesquisas correspondientes. “Hasta ahora solo hay definiciones técnicas”, indica en entrevista con swissinfo.ch, en Berna.

Ante la justicia suiza

Los abogados que presentaron una demanda contra Nestlé por homicidio imprudencial en el asesinato del sindicalista colombiano Luciano Romero anunciaron que recurrirán al Tribunal Federal suizo.

El 4 de diciembre, el Tribunal de Vaud rechazó una apelación contra la decisión del Ministerio Público del mismo cantón que el 1 de mayo había declinado dar entrada a las demandas penales contra 5 dirigentes de Nestlé y contra la empresa misma, bajo el argumento que el tiempo legal había expirado.

En entrevista con swissinfo.ch,  Marcel Bosonnet, jurista suizo que se encarga del caso, manifiesta su desacuerdo y explica que la expiración del plazo obedeció a las propias instancias cantonales:

La demanda fue presentada el 5 de marzo de 2012 ante el procurador de Zug, quien lo trasladó luego a su homólogo de Vaud.

Justo el 1 de mayo, Día del Trabajo, este último anunció que el caso había prescrito. “Cuando lo presentamos no había prescrito, pero durante un año el procurador no cumplió con su deber de abrir la investigación”.

Por otra parte, precisa el abogado que según el Código Penal, no hay prescripción en delitos que involucren a empresas.

“Mientras la falta de organización de las empresas impida encontrar al culpable, no hay prescripción. Para nosotros está claro que no hay posibilidad de cerrar el dossier con ese argumento”.

Agrega que tampoco se ha resuelto la situación de conflictividad, lo que quedó de manifiesto con el asesinato de Oscar López Treviño, otro trabajador de Nestlé, perpetrado el 9 de noviembre en un contexto similar al crimen de Romero: amenazas previas y falta de protección.

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Clima de violencia

“El Sr. Romero fue asesinado en septiembre de 2005, tres años después de que dejara de trabajar para CICOLAC LTDA, procesadora de leche Nestlé en Valledupar.

“En ese momento, la violencia en Colombia afectaba a todo el país. Había un ambiente de alto riesgo. Lamentablemente, líderes sindicales fueron efectivamente amenazados, secuestrados y asesinados, como también lo fueron  miembros de nuestro equipo de gestión local, otros empleados y sus familiares”, agrega el texto de la empresa.

De hecho, los riesgos para los sindicalistas persisten. En un comunicado del 11 de diciembre, la Escuela Nacional Sindical señala que en 2013, se registraron en el país 26 homicidios contra trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, más de un centenar de amenazas y una decena de detenciones arbitrarias.

El sector sindical es uno de los más golpeados por la violencia en el país, con casi 3000 defensores asesinados en tres décadas y un patrón sistemático de persecución y amenazas. El 9 de noviembre, otro trabajador de Nestlé, Oscar López Treviño, fue asesinado en un contexto similar al crimen de Romero: amenazas previas y falta de protección.

Crímenes de lesa humanidad

“La situación es tan grave que podemos hablar de política de crímenes de lesa humanidad”, señala Wolfgang Kaleck, del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), organismo que acompaña a Sinaltrainal y que junto con otras entidades laborales y de DDHH presentó una queja ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Los casos citados incluyen el de Romero.

Para Sinaltrainal, Nestlé es culpable por omisión en el asesinato de Romero al no introducir la protección necesaria a pesar de que el sindicalista había recibido amenazas de muerte.

En ese tenor, el texto de la empresa asienta: “Nestlé proporciona medidas de seguridad a los dirigentes sindicales de Sinaltrainal tales como la reubicación temporal y mayor protección en sus hogares y en la sede del sindicato. Esto no fue diseñado para reemplazar la obligación del Estado de protegerlos, pero el sindicato rechazó a menudo la oferta de protección con el argumento de que la protección de sus líderes era responsabilidad del gobierno colombiano”.

Nestlé también hace referencia a las investigaciones sobre la muerte de Luciano Romero que tuvieron lugar en Colombia y que culminaron con largas penas de prisión para los inculpados.

“Sinaltrainal ha tratado de culpar a Nestlé por ese homicidio en otras jurisdicciones, incluyendo una Corte Federal en Florida. En todos los casos, ni Nestlé ni ninguno de sus ejecutivos fueron inculpados, procesados o condenados por ninguna acción u omisión que pudiera hacerlos responsables del asesinato”.

Wolfgang Kaleck considera, sin embargo, que en Colombia no se realizan investigaciones a altos niveles, por lo que es menester recurrir a instancias internacionales.

En el caso de Luciano, precisa Correa, se logró la condena de autores materiales, unos paramilitares y un empleado de la DASS (ex servicio secreto estatal), pero no se ha podido ir más arriba. “El juez que dijo ‘ya tenemos a los paramilitares ahora hay que ver cuál es el rol de Nestlé’, recibió amenazas y debió dejar el caso”.

“En Colombia, enfatiza el abogado de la ECCHR,  hay una impunidad muy alta. Esperamos que en Suiza podamos obtener justicia”.

Trasnacionales y desarrollo

Para el dirigente sindical el problema de fondo está en la apuesta colombiana a la inversión extranjera como motor de desarrollo, sin una estrategia de control que garantice el comportamiento responsable de las empresas, lo que redunda en detrimento de los trabajadores e incluso de los productores nacionales.

“Las trasnacionales no actúan en Colombia como lo hacen en los países donde tienen su sede, a pesar de que tendrían que aplicar una misma política”, lamenta.

Inquirida al respecto, Nestlé asegura que en Colombia “aplicamos nuestros principios de negocio corporativo y código de conducta con total convicción” y añade que “los empleados son la base de la empresa y su principal motor”.

“Trabajamos continuamente para fortalecer una cultura basada en la promoción de las libertades sindicales y el diálogo como herramienta básica para la gestión de las relaciones laborales”, asegura la empresa y agrega que los trabajadores de Nestlé “tienen beneficios y condiciones de trabajo muy por encima de la medida del mercado laboral colombiano”

La lectura del sindicalista es menos optimista. Explica que en Colombia, con un conflicto armado, la situación para los defensores de los derechos laborales se agrava. Sus reivindicaciones, dice, son arbitrariamente asociadas con actividades de la insurgencia, con lo que devienen blanco de paramilitares.

Y todo ello, subraya, hace que la gente tenga miedo a afiliarse al sindicato o a hacer reclamos. En el afán de atraer capitales extranjeros, concluye el dirigente laboral, las autoridades permiten cualquier comportamiento y “la función social del Estado desaparece aceleradamente”.

swissinfo.ch


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