Por una policía federal mejor armada contra el terrorismo
Pese a las críticas emitidas en nombre de la salvaguarda de la libertad individual, el gobierno suizo quiere ofrecer a la policía federal nuevos útiles de lucha contra el terrorismo.
Los agentes federales podrían efectuar “investigaciones especiales” con escuchas telefónicas, videovigilancia y controles secretos de sistemas informáticos.
Esas medidas, a las cuales pueden añadirse la vigilancia del correo o la instalación de micrófonos, por ejemplo, se tomarían únicamente como último recurso.
Además, sólo serían aplicables en los rubros de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y espionaje.
No como el Mossad israelí
“Valoramos esas medidas porque el peligro no ha disminuido”, indicó este miércoles el ministro suizo de Justicia y Policía, Christoph Blocher, y precisó que en caso de atentados en su país todo el mundo reclamaría una revisión semejante de la ley.
En su opinión, esas acciones no socavarían los derechos y las libertades fundamentales. Al recordar las medidas adoptadas tras el asunto de “las fichas”, subrayó que “Suiza es un Estado de derecho al extremo y debe seguir siéndolo”.
Recordó que Berna ha prohibido sólo dos organizaciones: el partido nazi alemán (NSDAP) y Al Qaïda. Sus servicios de espionaje no tienen que ver nada con los de otros países. “Jamás haremos lo que hace Mossad israelí”, enfatizó.
Un panorama político dividido
Christoph Blocher no se mostró sorprendido por los resultados del procedimiento de consulta en torno a esas medidas y que dividieron el espectro político:
Se observa, por una parte, la oposición de los defensores de los derechos y las libertades fundamentales, encabezada por los partidos de izquierda; por otra, la postura de aquellos que privilegian un enfoque de seguridad pública (partidos burgueses, cantones, ciudades y municipios, medios policiales).
El ministro de Justicia señaló que en este tipo de expedientes, las posiciones de fondo son claras y nítidas y no se puede establecer un compromiso.
La decisión corresponderá al Parlamento o incluso el pueblo, añadió Blocher, quien, por otra parte, se dijo convencido de que su partido, la Unión Democrática del Centro (UDC/derecha nacionalista) se sume a su causa.
De hecho, la UDC se opuso al proyecto en nombre de la defensa de la libertad personal. Para superar las oposiciones, el gobierno, que encargó al Ministerio de Justicia redactar un mensaje, aceptó incluir algunas enmiendas.
El texto que será sometido al Parlamento deberá precisar claramente la necesidad de las medidas propuestas.
¿Una definición de terrorismo?
El asunto de hacer figurar en la ley una definición de terrorismo, mientras que ésta no existe a escala internacional, deberá ser reexaminada.
El ministro de Justicia y Policía no ocultó su escepticismo. El terrorismo de la Fracción armada roja alemana de los años setenta no es el que practica hoy Al Qaïda. ¿Y qué será dentro de 20 años?, subrayó.
El gobierno también decidió clarificar el procedimiento de aprobación para las investigaciones especiales. Éstas serán autorizadas sólo con el aval de varias instancias.
swissinfo y agencias
El hecho de otorgar más poder a la policía federal en materia de vigilancia despierta ciertos temores vinculados con el escándalo de “las fichas” de finales de los años ochenta.
En 1989, una comisión de investigación parlamentaria descubre que las autoridades judiciales federales habían ordenado vigilar a cientos de miles de personas (de 700.000 a 900.000 según las fuentes). El objetivo “oficial” esgrimido para justificar esa práctica era la protección del país en relación con las actividades subversivas vinculadas con el comunismo.
Desde 1992, las actividades de la policía federal son vigiladas por la delegación de las comisiones de gestión del Parlamento.
Las fichas se encuentran hoy en los archivos federales. 300.000 personas pidieron ver sus fichas en los años posteriores al escándalo.
Para poder intervenir, la Oficina Federal de Policía requerirá el aval del Tribunal Administrativo Federal y del ministro de Justicia y Policía, que a su vez deberá consultar al titular de la Defensa.
Bastará un único ‘no’ para que las medidas no puedan ser aplicadas.
Empero, en caso de extrema urgencia, la Policía Federal podrá actuar de inmediato. Pero si una de las instancias considera que se equivocó, deberá destruir inmediatamente el producto de sus pesquisas.
Las “investigaciones especiales” sólo podrán ser efectuadas en caso de sospecha concreta de amenaza para la seguridad interior o exterior y de que ningún otro medio de investigación sea aplicable.
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