Profesores ponen fin a más de un mes de huelga durante las protestas antiminería en Panamá

Ciudad de Panamá, 2 dic (EFE).- Los gremios de docentes del sector público alcanzaron este sábado un acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca) para poner fin a más de un mes de huelga en Panamá, que afectó a unos 800.000 alumnos, para presionar contra el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), que esta semana fue declarado inconstitucional.

«Las partes acuerdan poner fin a la huelga iniciada el 23 de octubre de 2023 hasta la firma del presente acuerdo», señala el documento alcanzado durante la madrugada entre representantes del Meduca, encabezado por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y una veintena de gremios educativos.

Así, detalla el documento, deberán «retornar a los centros educativos (para) reiniciar las clases» y aquellos «que laboran en áreas de difícil acceso retornarán de manera gradual el día lunes 4 de diciembre» para culminar el ciclo escolar el 29 de diciembre.

Además se realizó «la devolución íntegra de los salarios retenidos a los educadores», una medida tomada por las autoridades panameñas como modo de presión para que regresaran a las aulas, y se incluirá a los gremios docentes «como observadores en el proceso de cierre ordenado de la mina».

La Corte Suprema de Justicia declaró esta semana inconstitucional el contrato ley que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, en un fallo emitido el lunes y dado a conocer el martes que señaló que este convenio aprobado el pasado 20 de octubre por el Gobierno y el Parlamento infringía 25 artículos de la Constitución del país.

La explotación de la mina supuso una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, de acuerdo con los grupos ambientalistas que llevaban años luchando contra el enclave.

La decisión del Supremo puso fin de manera casi inmediata a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno.

El descalabro económico fue provocado sobre todo por los bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos, unas protestas que dejaron al menos cuatro muertos, entre ellos dos manifestantes tiroteados que participaban en un bloqueo liderado por docentes.

El fin de la huelga de los profesores era uno de los puntos que quedaban pendientes para retomar la normalidad en el país centroamericano.

Ahora la disputa parece trasladarse al plano internacional, después de que First Quantum Minerals y su filial Minera Panamá SA (MPSA) informaran ayer del inicio de un proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje tras la declaración de inconstitucionalidad.

Federico Alfaro, que esta semana renunció al cargo de ministro de Comercio e Industria y fue quien negoció el contrato declarado inconstitucional, dijo meses atrás que Panamá se exponía a demandas por hasta 100.000 millones de dólares dado el conflicto minero, una cifra que analistas locales han reducido a entre 15.000 y 18.000 millones de dólares e incluso menos. EFE

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