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Repatriación forzosa de los presos extranjeros

En muchos países las condiciones carcelarias no corresponden a los estándares suizos. Keystone

A partir del segundo semestre del 2004, Suiza podrá ordenar el traslado de los detenidos a sus países de origen, donde terminarán de purgar las penas.

Este contenido fue publicado el 08 abril 2004 - 18:20

La medida, que se aplicará sin el consentimiento de los afectados, tiene un carácter humanitario, pero suscita polémica.

Hasta ahora Suiza repatriaba a los detenidos extranjeros únicamente con el consentimiento de los mismos. Pero tras la firma del protocolo adicional al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, que han suscrito otros 32 países, las cosas han cambiado.

Al igual que otros 22 de los países signatarios, Suiza se dispone a ratificar el documento. El plazo para presentar un referéndum en contra expira este jueves, lo que parece indicar que tanto la sociedad civil como Amnistía Internacional no ven inconvenientes en esta medida.

Se trata de una novedad jurídica que abre el camino para las repatriaciones forzosas a países como Rumania, Serbia, Macedonia o Bulgaria.

“El objetivo del protocolo es mejorar la reinserción social de las personas condenadas”, indica Folco Galli.

Según el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), otro propósito es reducir el número de detenidos extranjeros que purgan penas en prisiones suizas (unos 3.500 sobre un total de 5.000 presos).

Una medida preventiva

La nueva medida legal tiene carácter preventivo, señalan las autoridades helvéticas. La perspectiva de condiciones de detención muchas veces más precarias que en Suiza podría disuadir a los delincuentes de cometer un delito.

No obstante, la OFJ rehúsa todo pronóstico sobre los efectos que puedan tener las repatriaciones y la proporción de detenidos que podría afectar.

Folco Galli tampoco puede asegurar que los primeros traslados se produzcan en el transcurso de este año, dados los numerosos obstáculos que aún persisten.

Para ser aplicada, las penas que deben purgar tendrán que ser superiores a los seis meses. Y, además, las expulsiones requerirán el fallo previo de un tribunal.

Pero esto no es todo. El país de origen, incluso siendo signatario del protocolo, puede negarse a acoger al detenido en cuestión. Este a su vez puede, en última instancia, presentar recurso contra el traslado ante el Tribunal Federal.

Efectos positivos

Para el jefe del servicio penitenciario del cantón de Vaud, André Valloton, el principio del traslado sin el consentimiento del prisionero es positivo.

Actualmente, Suiza expulsa casi sistemáticamente a los detenidos extranjeros a sus países de origen una vez cumplida la pena, siempre y cuando esté garantizado el respeto de los derechos humanos en el país de origen.

Según André Valloton, el traslado anticipado deberá permitir prepararlos mejor para su salida de prisión.

“La dificultad está en las condiciones penitenciarias en algunos países, como por ejemplo Rumania o Moldavia, donde a veces se rozan los límites de un trato inhumano y degradante”, subraya André Valloton.

La solución requiere un “gran trabajo de armonización de las condiciones de detención” en los países miembros del Consejo de Europa, concluye el funcionario.

Repercusiones familiares

André Valloton cita además otro problema. Los ciudadanos de países miembros del Consejo de Europa representan solamente una minoría de la población carcelaria en Suiza.

“No se puede esperar que los grandes productores de delincuencia firmen un convenio de esa índole. No está en su interés repatriar a una parte de su pobreza y consecuencias.”

Por su parte, Fguiri Kais, miembro desde hace más de cuatro años de la Comisión Federal de Extranjeros, se muestra preocupado. Teme la ausencia de matices en la práctica de los traslados.

Para el tunecino repatriar a un detenido que no ha echado raíces en Suiza no plantea mayores problemas. Pero, según él, se trata sólo de una pequeña parte de los detenidos extranjeros.

Fguiri Kais impugna fundamentalmente el principio mismo de la expulsión, tras su salida de prisión, de los criminales que disponen de un permiso de estancia limitada (permiso L, permiso B).

“Si el detenido vive aquí y su familia también, si dispone de un permiso de estancia o de trabajo, la expulsión no hace sino agravar su caso. Y las repercusiones suelen ser enormes para toda la familia”, concluye.

swissinfo, Pierre-François Besson
(Traducción: Belén Couceiro)

Contexto

Suiza aplicará el protocolo adicional al Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas del Consejo de Europa.

La sociedad civil no se opone a su entrada en vigor, ya que el plazo para presentar un referéndum llega a su fin en un clima de indiferencia casi total.

Esta nueva base legal permite a las autoridades suizas repatriar a los detenidos extranjeros sin su consentimiento.

La puesta en práctica de los traslados está sometida a varias restricciones y puede ser objeto de un recurso ante el Tribunal Federal, la más alta instancia judicial de Suiza.

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