Starmer señala al Gobierno conservador por caída de presunto caso de espionaje chino
Londres, 8 oct (EFE).- El primer ministro laborista Keir Starmer señaló este miércolesal anterior Gobierno conservador por el colapso de un presunto caso de espionaje para China por parte de dos británicos, que no prosperó porque ni el Ejecutivo ‘tory’ ni actualmente el suyo clasifican al país como amenaza para la seguridad nacional.
En declaraciones recogidas por la BBC en Bombay (India), el primer ministro se mostró «decepcionado» de que el juicio no saliera adelante, pero matizó que, al presentar los cargos por hechos ocurridos entre 2021 y 2023, la Fiscalía debía enmarcarlos en la posición del entonces Gobierno conservador, que consideraba a China no una «amenaza» sino un «desafío».
«No se trata de un tira y afloja político, es una cuestión legal. Hay que procesar a las personas basándose en las circunstancias existentes en el momento del presunto delito», argumentó Starmer, que fue fiscal general del Estado.
El actual responsable de la Fiscalía, Stephen Parkinson, explicó en una carta dirigida al comité parlamentario de Interior los motivos de la inesperada retirada de los cargos contra Christopher Cash, de 29 años, y Christopher Berry, de 32, dos exasistentes parlamentarios sospechosos de colaborar con China, en un caso que conmocionó a la clase política británica.
Las acusaciones se retiraron el mes pasado debido a que las pruebas no llegaban al umbral marcado por la Ley de Secretos Oficiales de 1911, que establece que para ser acusado de espionaje hay que demostrar que la información que se pasó «fue útil a una enemigo», una definición que ya no se aplica a China, según dijo.
En el momento de los delitos, entre el 28 de diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2023 en el caso de Berry, y entre el 20 de enero de 2022 y el 3 de febrero de 2023 en el caso de Cash, China no estaba calificada como «amenaza nacional», una situación que se mantiene con el actual Gobierno laborista, que lo califica como un «desafío sistémico».
«Se realizaron esfuerzos durante muchos meses para obtener dichas pruebas, pero, a pesar de que se proporcionaron nuevas declaraciones de testigos, ninguna de ellas afirmaba que, en el momento del delito, China representaba una amenaza para la seguridad nacional, y a finales de agosto de 2025 se comprendió que estas pruebas no se obtendrían», se lee en la misiva.
Unas semanas después de la presentación de cargos por parte de la propia Fiscalía en 2024, una sentencia del Tribunal Superior dictaminó que el término «enemigo» incluye a un país que, en el momento de cometerse el delito, «represente una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido», lo que contribuyó a elevar el umbral.
«A la luz de esta nueva sentencia, se consideró que debían obtenerse más pruebas», explicó Parkinson, que aseguró que «se hizo todo lo posible para llevar este caso a los tribunales».
La caída del caso motivó la investigación por parte del comité de Interior del Parlamento, donde ocurrieron los hechos, y un cruce de acusaciones entre conservadores y laboristas sobre quién tuvo la responsabilidad de su fracaso.
A Berry se le acusaba de obtener, recopilar, registrar, publicar o comunicar a otra persona artículos, notas, documentos o información que podrían ser útiles a un enemigo, y a Cash de obtener información con un fin perjudicial para la seguridad o los intereses del Estado que podía ser útil, directa o indirectamente, para un enemigo. EFE
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