Tribunal argentino emite orden de arresto para líder militar birmano por genocidio rohinyá

ONGBangkok, 14 feb (EFE).- Un tribunal argentino emitió una orden internacional de arresto contra el líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, por su supuesta implicación en el genocidio y otros delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por el Ejército contra la minoría musulmana rohinyá, informa este jueves la ONG que impulsó la demanda.

La justicia argentina también emitió una orden de arresto contra la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien ejercía de líder de facto del gobierno birmano en 2017 durante la campaña de persecución contra los rohinyá, confirmó a EFE la Organización de Birmanos Rohinyá en Reino Unido (BROUK).

«Es un paso histórico hacia la justicia (…) brinda un rayo de esperanza para los rohinyá que han sufrido décadas de genocidio, viendo cómo sus familias y su cultura eran destruidas con impunidad», dijo en un comunicado Tun Khin, presidente de BROUK.

La ONG, que presentó la demanda en noviembre de 2019 en los juzgados federales de Buenos Aires, añadió que además de los dos ya citados el tribunal emitió el miércoles ordenes de arresto contra otros 21 militares y dos civiles, incluido el expresidente Htin Kyaw.

A todos se les acusa de delitos que incluyen genocidio y otros tipificados en el Código Penal argentino, como asesinato agravado, abuso sexual y tortura.

«Esta valiente decisión envía una señal clara a Min Aung Hlaing y a otros militares de que nadie está por encima de la ley. Al final, tendrán que ser juzgados por el sufrimiento indescriptible que han causado no solo a generaciones de rohinyá, sino a todas las víctimas de la brutalidad militar en Birmania”, remarca Tun Khin.

El caso, independiente de los que se estudian en la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia, ambas en La Haya, se presentó en Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal para delitos como el genocidio y crímenes contra la humanidad, recuerda el BROUK.

La ONG pidió en diciembre de 2023 las órdenes de arresto contra los militares, mientras que la fiscalía actuó de oficio en junio de 2024 para incluir los nombres de Suu Kyi y el expresidente, según los activistas rohinyá, que pidieron revisar esa orden.

El brutal operativo que el Ejército birmano lanzó en agosto de 2017 contra la población rohinyá en el norte del estado de Rakáin (este de Birmania) y donde esta minoría lleva asentada siglos, motivó el éxodo de más de 720.000 refugiados a la vecina Bangladés, donde ya se encontraban miles de rohinyás expulsados en años previos.

Durante esa época Suu Kyi ejercía el cargo de Consejera de Estado, mientras que Min Aung Hlaing era comandante en jefe del Ejército.

La propia Suu Kyi, quien permanece encarcelada desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, llegó a defender la actuación del Ejército frente a los tribunales internacionales, un acto que le provocó numerosas críticas internacionales.

La ONU estima que durante esta campaña, que en un informe catalogó «de limpieza étnica con marcas de genocidio», fueron asesinadas al menos 10.000 personas, mientras que cientos de poblaciones quedaron arrasadas por incendios intencionados.

En noviembre del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó una orden de arresto para Min Aung Hlaing por la deportación y persecución de los rohinyás, entre otros delitos de lesa humanidad cometidos entre el 25 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 por las fuerzas armadas de Birmania y otras autoridades.

Mientras los jueces de la CPI deben determinar aún si esta solicitud cumple el estándar necesario para aprobar la emisión de la orden de arresto solicitada contra el general birmano, la decisión del tribunal argentino ha desencadenado una solicitud automática al fiscal para que emita las órdenes, precisa la oenegé.

Min Aung Hlaing lideró el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021 que acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con miles de jóvenes uniéndose a nuevos grupos armados que combaten al Ejército. EFE

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