Tribunal colombiano cierra procesos contra 58 exmilitares por ayudar a esclarecer crímenes
Bogotá, 2 dic (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia decretó el cierre de los procesos penales contra 58 exmilitares implicados en asesinatos presentados falsamente como bajas en combate en los departamentos de Norte de Santander (noreste) y Antioquia (noroeste), ocurridos entre 1992 y 2008.
Los militares favorecidos no fueron identificados como máximos responsables de esos crímenes, pero sí como responsables de 21 hechos que dejaron 34 víctimas asesinadas y fueron presentadas falsamente como bajas en combate, así como dos tentativas de homicidio, según informó este martes el alto tribunal en un comunicado.
Para la jurisdicción que investiga y sanciona los crímenes cometidos en el conflicto armado, creada por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno de Colombia y las FARC, un compareciente no es considerado máximo responsable cuando, a pesar de haber participado en los hechos, «no tuvo un rol decisivo en el diseño o ejecución de los patrones criminales determinados por la JEP, es decir, crímenes no amnistiables y crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario cometidos durante el conflicto».
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concedió a los 58 militares el beneficio de renuncia a la persecución penal, que tiene como efecto directo la eliminación de los antecedentes penales y las órdenes de captura asociadas a estos procesos, así como el archivo de las investigaciones disciplinarias.
La JEP asegura que hay al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, un episodio del conflicto conocido como “falsos positivos”, en el que miembros del Ejército engañaron y ejecutaron a jóvenes inocentes para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. La mayoría de esos crímenes ocurrió durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
«La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que los comparecientes cumplieron con sus compromisos de aportes a la verdad plena, reconocieron responsabilidad, han intervenido en medidas de contribución a la reparación y asumieron compromisos de no repetición», explicó hoy la JEP.
No obstante, el beneficio otorgado por la JEP es condicionado. Para 44 de los 58 comparecientes, la renuncia a la persecución penal es parcial, ya que continúan vinculados a otros procesos en la Jurisdicción por crímenes cometidos durante el conflicto armado.
A la fecha, la JEP ha resuelto definitivamente la situación jurídica de 475 comparecientes de la fuerza pública, de los cuales 473 estuvieron involucrados en crímenes no amnistiables. EFE
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