Tribunal Federal condena a Paraguay
El Tribunal Federal de Lausana condena al Estado de Paraguay a pagar 85 millones de dólares por malversaciones de un antiguo cónsul en Ginebra.
Inconformes con la decisión, las autoridades de Asunción anuncian que recurrirán al Tribunal Internacional de La Haya.
El Tribunal Federal de Lausana, la máxima autoridad del Poder Judicial en Suiza, decretó que el Estado de Paraguay tiene que responder con el pago de 85 millones de dólares por delitos que cometió el ex cónsul, Gustavo Gramont Berres, quien estuvo en Ginebra a mediados de los años 1980.
Mediante el decreto 4C.380/2004, fechado el pasado 31 de mayo de 2005, y hecho público este jueves (30.09.05), el Tribunal Federal rechazó los argumentos de las autoridades paraguayas para eludir el pago.
Para la instancia suiza, los bancos afectados y sus intermediarios no actuaron con «ligereza» al otorgar préstamos institucionales al ex diplomático dado que éste presentó garantías que involucraban al gobierno federal de Asunción.
La decisión de hoy significa el fin de un largo proceso judicial que se ventila en los tribunales helvéticos desde 1995, cuando el grupo de bancos afectados presentó una demanda en contra del ex cónsul y de su gobierno, que se negaron a reconocer la validez jurídica de los préstamos.
Delitos financieros bajo cobertura diplomática
A mediados de los años ochenta, Gramont obtuvo dos préstamos internacionales del banco Overland Trust de Ginebra. Mediante la falsificación de documentos y el argumento de que contaba con la presunta anuencia del Estado Paraguayo, el ex diplomático se hizo de 85 millones de dólares que usó para beneficio personal.
Antes de desaparecer del esquema financiero en Suiza, el Overland Trust vendió los títulos de la deuda correspondiente a un conglomerado de 9 bancos suizos, europeos y norteamericanos, que reclamó el reembolso del débito cuando los plazos se vencieron.
Ante la negativa de Asunción de pagar por lo que consideraba «un fraude», los bancos demandaron, en 1995 al Estado Paraguayo ante los tribunales de Ginebra por incumplimiento de contrato. Un primer juicio le dio la razón al Paraguay, pero los bancos presentaron un recurso ante la Cámara de Apelación del cantón de Ginebra, mismo que ganaron.
Fue entonces cuando Paraguay recurrió al Tribunal Federal de Lausana, que acaba de decidir en favor del grupo de bancos.
Informan a Calmy Rey
El pasado 26 de agosto, la ministra paraguaya de Relaciones Exteriores, Leila Rachid, entregó a su homologa helvética, Micheline Calmy-Rey, el decreto presidencial número 6295 mediante el cual el gobierno de su país confirma su posición de no pagar por el fraude de Gramond.
En el mismo encuentro, en Suiza, la ministra paraguaya entregó papeles que documentan el fraude que cometió el ex cónsul durante su residencia en Ginebra en los años1986 y 1987.
El ilícito consistió en solicitar dos préstamos, uno para la firma Rossi, SA, y el otro para Lapacho de San Isidro, SA; ambas empresas de su propiedad.
Gramont falsificó una resolución firmada por el entonces ministro paraguayo de Hacienda, General César Barrientos, a la que añadió la frase: «garantizado por la República del Paraguay», lo que se constituyó en factor detonante para que la justicia suiza condenara a Asunción al pago de los 85 millones
Ciudadano argentino y no paraguayo
Mediante sus abogados en Suiza, Fréderic Marti y Marc Bonnant, el gobierno paraguayo sostiene que la deuda es estrictamente privada, y no pública.
«Para que una deuda internacional sea pública, es necesaria la autorización del Congreso de la República (senadores y diputados); aprobación que no poseía el Sr. Gramont y, por lo tanto, no tenía facultades para endeudar al Estado Paraguayo», explicaron a swissinfo fuentes allegadas al caso.
Además de este incumplido requisito constitucional, Paraguay esgrime dos razones más para negarse a acatar la decisión de Lausana.
Gramont fue designado como «embajador en misión especial» y cónsul honorario del Paraguay en Ginebra durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, mientras que ahora el Estado paraguayo tiene un gobierno democrático.
La otra objeción que se tiene es que Gramont no es paraguayo. Un comunicado de prensa de la Presidencia de la República de Paraguay, con fecha del 31 de mayo del 2005 asegura que «el mencionado Gustavo Gramont Berres, se hace pasar por uruguayo, y es argentino y su nombre y apellido es Benjamín Levy Azrradel, lo que lo convierte en un impostor».
Asunción también le reclama a la justicia suiza el haber descartado «las pruebas obtenidas en el juicio a que fue sometido Gramont Berres en el Paraguay, en el que la Corte Suprema paraguaya lo condenó a 7 años de cárcel».
Rumbo al Tribunal Internacional de La Haya
Ante la la condena del Tribunal Federal de Lausana, Paraguay recurrirá al Tribunal Internacional de La Haya.
El presidente paraguayo declaró en Asunción que «la condena impuesta por la Administración de Justicia de la Confederación Helvética es una abierta vulneración de los derechos del Estado paraguayo, por lo que corresponde iniciar los reclamos pertinentes ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, según los términos de su estatuto reglamentario».
El caso de Gramont Berres, o Benjamín Levy Azrradel, está todavía lejos de haber concluído.
swissinfo, Luis Vázquez, Ginebra
La Corte Suprema del Paraguay condenó a Gustavo Gramont Berres a 7 años de cárcel por estafa.
Ese hecho habría sido ignorado por el Tribunal Federal suizo.
Entre 1986 y 1987, el entonces cónsul de Paraguay en Ginebra, Gustavo Gramont Berres, solicitó un préstamo de 85 millones de dólares al banco Overland Trust Bank, de Ginebra,
Mediante la falsificación de la firma del ministro de Hacienda, César Barrientos, y la anotación apócrifa de la frase «garantizado por la República del Paraguay», el ex diplomático obtuvo el empréstito.
La constitución paraguaya establece que para que una deuda internacional sea considerada pública, es necesaria la autorización del Congreso de la República, y que los fondos sean usados para obras de desarrollo social; requisitos que no cumplieron las gestiones de Gramont Berres.
Por lo tanto, Paraguay rechaza la decisión del Tribunal Federal de Lausana y anuncia que recurrirá al Tribunal Internacional de La Haya.
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