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La presidenta brasileña Dilma Rousseff durante un discurso en el palacio del Planalto en Brasilia el 7 de abril de 2016

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El fiscal general de Brasil respaldó el jueves la decisión de un juez de la corte suprema de bloquear el nombramiento de Lula como ministro, estrechando el cerco sobre la presidenta Dilma Rousseff, amenazada por un impeachment.

El procurador, Rodrigo Janot, consideró en un informe enviado a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) que "hay elementos suficientes para afirmar que hubo desvío en la finalidad del decreto presidencial" que nombró jefe de gabinete al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).

Lula fue investido en ese cargo el 17 de marzo, pero el juez del STF Gilmar Mendes suspendió al día siguiente la designación, por sospechar que su objetivo era ponerlo al abrigo de la justicia ordinaria que investiga si ocultó bienes procedentes de la red de corrupción de Petrobras.

Rousseff sostiene que el mítico fundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) es una pieza clave para recomponer una coalición que le permita superar el impeachment, tramitado por la oposición por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015.

- El fiscal cambió de opinión -

Janot había considerado el 28 de marzo que el nombramiento de Lula como ministro era una "competencia constitucional" de Rousseff y que su bloqueo "podría causar graves daños al orden institucional".

Pero ahora está convencido de que la designación buscó "afectar la competencia" de Moro y "perturbar el avance de las investigaciones criminales" en la operación Lava Jato, como se denomina a la investigación dirigida por el juez Sergio Moro sobre la red de corrupción en Petrobras.

Janot explicó que cambió de opinión después de analizar "elementos más amplios", como el audio liberado por Moro de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff.

En esa conversación, la mandataria le informaba a su mentor y predecesor que le enviaría el decreto de su nombramiento para que pueda "usarlo en caso de necesidad", antes de la ceremonia oficial. Esas declaraciones fueron interpretadas como una voluntad de poner a Lula al abrigo de una eventual orden de arresto, algo que Rousseff niega con vehemencia.

"La movilización del aparato estatal, sobre todo de la autoridad de mayor escalafón, para defender intereses privados, pone en evidencia el intento de intervención del señor Luiz Inacio Lula da Silva en el funcionamiento regular de las instituciones", añadió.

- Juicios, delaciones, pinchazos telefónicos-

Reconocido o no como ministro, Lula se ha convertido en el principal articulador de las alianzas que busca Rousseff para salvarse del juicio de destitución.

Una comisión de 65 diputados analizará a partir del viernes una recomendación favorable al impeachment, un proceso que, de avanzar al ritmo deseado por la oposición, podría provocar la suspensión de Rousseff de su cargo en poco más de un mes, en espera de un fallo definitivo en el Senado.

Rousseff, de 68 años, sería en ese caso reemplazada por su vicepresidente centrista Michel Temer, convertido en su principal adversario.

El PT y las centrales sindicales y movimientos sociales afines denuncian una tentativa de "golpe de Estado".

Rousseff convocó este jueves a un "gran pacto" para superar la crisis, que se refuerza con una grave recesión económica, alta inflación y alza del desempleo.

Pero el "pacto", aclaró, pasa por el respeto a los más de 43 millones de votos que la reeligieron en 2014.

"Brasil ya superó momentos difíciles haciendo pactos. Pero ningún entendimiento prosperará si no tiene como premisa el respeto a la legalidad y a la democracia", dijo la mandataria en un acto en la sede de gobierno.

- Futuro incierto -

Además, tanto Rousseff como Temer enfrentan un proceso en la autoridad electoral, por denuncias de que su campaña fue financiada con dinero del megafraude a la estatal Petrobras.

Ese proceso podría llevar a la anulación de los comicios de 2014 y a la convocatoria de nuevas elecciones.

El diario Folha de Sao Paulo, que el domingo pasado se pronunció en un editorial por esa alternativa, filtró este miércoles parte del testimonio de Otavio Marques Azevedo, ex director ejecutivo de la constructora Andrade Gutierrez, que confirmarían esas sospechas.

Azevedo habría confesado que millones de dólares donados legalmente a la campaña de Rousseff provenían en realidad de sobornos pagados por la constructora para obtener grandes contratos en la petrolera estatal.

Los abogados del PT negaron estas acusaciones.

"Sea cual sea el resultado del impeachment, al día siguiente será preciso construir nuevos puentes", dijo a la AFP el diputado Leonardo Piciani, que se ha manifestado contra la destitución de Rousseff, pese a ser líder de la bancada del PMDB, el partido de Temer.

Ya sea "que la presidenta sobreviva o no, habrá que pactar nuevamente la forma de gobernar, buscar convergencias para salir de la crisis y no será posible en ninguna hipótesis que haya quienes quieran seguir apostando al deterioro del 'cuanto peor mejor'", agregó.

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