«No podemos depender solo de los tribunales para hacer avanzar la transición ecológica»

En una sentencia histórica de 2019, el Tribunal Supremo de los Países Bajos obligó al Gobierno neerlandés a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Keystone / Brank de Lang

La vía judicial se ha convertido en un arma creciente para exigir una acción climática más ambiciosa a Estados y empresas. Pero ¿qué resultados concretos ofrece? Hablamos con una experta internacional en litigación climática.

Christina VoigtEnlace externo es profesora de Derecho en la Universidad de Oslo, Noruega. Está especializada en derecho ambiental internacional, con especial atención a las cuestiones jurídicas vinculadas al cambio climático, y hace diez años contribuyó a redactar el Acuerdo de París. Este año ha recibido el premio científico Hans SigristEnlace externo de la Universidad de Berna.

Swissinfo: En los últimos años, las demandas climáticas contra gobiernos y empresas han aumentado de forma significativa. ¿Qué factores explican este crecimiento?

Christina Voigt: Son varios factores. Uno es el éxito en 2019 de la demanda climática presentada por la asociación Urgenda contra el Gobierno neerlandésEnlace externo. Demostró que es posible recurrir a los tribunales para obligar a un país a elevar su ambición climática, y animó a muchas personas a hacer lo mismo en el resto del mundo.

Otro factor es el Acuerdo de París de 2015. Marcó una dirección clara y permitió evaluar si las políticas de los gobiernos estaban alineadas con los objetivos climáticos. Además, muchas organizaciones como ClientEarth, WWF o Greenpeace entendieron que las acciones legales —junto con las campañas— podían formar parte de su estrategia de protección climática.

Y, por último, la ciencia: los datos son cada vez más precisos y concretos, lo que permite cuantificar con exactitud lo necesario para limitar el calentamiento global.

¿De qué manera pueden las decisiones de los tribunales impulsar a los países a adoptar políticas climáticas más ambiciosas?

Las sentencias pueden tener efectos variados. En algunos casos, los tribunales ordenan medidas concretas: así ocurrió en los Países Bajos, donde el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a reducir más las emisiones. En otros casos, los jueces no indican acciones específicas y devuelven la responsabilidad a los Gobiernos, que deben cumplir o revisar sus propias leyes.

Fue lo que pasó en Alemania en 2021, cuando el Tribunal Constitucional Federal declaró parcialmente inconstitucional la ley climática. El Gobierno respondió adoptando objetivos más ambiciosos y medidas concretas para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Los compromisos globales de reducción de emisiones no bastan para cumplirEnlace externo los objetivos del Acuerdo de París. ¿Qué papel pueden jugar los tribunales para llenar el vacío que deja la política?

Su papel es limitado. Los tribunales no crean leyes, las aplican. Todo depende del marco jurídico existente. Por ejemplo, si un artículo constitucional garantiza el derecho a un medio ambiente sano, los tribunales pueden apoyarse en él para exigir acciones frente al cambio climático.

Cuando existen leyes claras, los jueces pueden intervenir y pedir cuentas a los Gobiernos. Pero en países sin legislación climática o sin disposiciones constitucionales pertinentes, el margen de actuación es muy reducido.

Christina Voigt, 53 años, es profesora de Derecho en la Universidad de Oslo. Rune Hammerstad Fotorune.com

Usted ha participado como negociadora por Noruega en las conferencias internacionales sobre el clima. ¿Qué peso tienen las sentencias o los dictámenes consultivos de tribunales internacionales en estas negociaciones?

La respuesta es sencilla: hasta ahora, ninguno. Los tribunales y las conferencias climáticas de la ONU son dos mundos separados. Lo que ocurre fuera del régimen climático de Naciones Unidas —que es muy amplio y funciona con su propia dinámica— suele considerarse poco relevante.

Incluso informes importantes, como los de la Agencia Internacional de la Energía o centros científicos de referencia, no entran automáticamente en las discusiones. Es necesario que uno o varios países los introduzcan explícitamente en la mesa de negociación.

En 2024 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Suiza por no adoptar medidas suficientes para proteger a las personas más vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Aun así, la política climática nacional ha permanecido prácticamente igual. ¿Las demandas climáticas aceleran realmente la acción climática o son solo simbólicas?

Depende. Yo no las llamaría simbólicas, sino estratégicas. Las demandas climáticas se presentan para resolver un problema concreto, pero también aspiran a provocar efectos más amplios, alentando a otros gobiernos y actores a cambiar de rumbo.

En el caso de Suiza, no diría que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no haya tenido efectos. El país ha empezado a revisar algunas leyes, aunque el proceso aún no ha concluido. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha reconocido estos esfuerzos y ha pedido más medidas para cumplir el veredicto.

¿Cuáles son los principales retos para aplicar las sentencias climáticas?

Uno de los más importantes es la posibilidad real de implementar el fallo, que no siempre está garantizada. A ello se suman la voluntad política y las consideraciones económicas.

Un ejemplo significativo es la sentencia Urgenda en los Países Bajos, que llevó al Gobierno a eliminar el carbón del mix energético. Dos empresas internacionales que habían invertido en carbón reclamaron compensaciones por 3.500 millones de dólares. Finalmente, el Gobierno neerlandés les pagó unos 500 millones.

«La existencia de límites políticos y económicos en la aplicación de una sentencia no debería ser una excusa para no actuar»

Eso pone de relieve un aspecto a menudo ignorado: las consecuencias económicas para los Gobiernos que deben reaccionar rápidamente a una sentencia climática. También puede haber resistencias en el Parlamento o, en gobiernos de coalición, entre los partidos que lo integran.

No obstante, la existencia de límites políticos y económicos no debe servir de excusa. Si un Gobierno recibe una sentencia clara que le obliga a actuar, tiene el deber de cumplirla.

Un grupo de habitantes de una isla de Indonesia ha demandado a la multinacional suiza del cemento Holcim, acusándola de ser corresponsable de daños climáticos que amenazan su subsistencia. ¿Cuáles son los principales desafíos legales para demostrar la responsabilidad climática de una empresa?

Recientemente se dio el caso de un agricultor peruano contra una empresa energética alemana. Los tribunales alemanes reconocieron el principio general de que las empresas que contribuyen al cambio climático pueden ser obligadas a pagar indemnizaciones. Sin embargo, rechazaron la demanda porque el agricultor no aportó pruebas suficientes de que su propiedad hubiera sufrido daños reales.

En el caso indonesio, si las personas demandantes demuestran daños a su subsistencia, propiedades u hogares, hoy es posible atribuir a Holcim una responsabilidad proporcional a su contribución al cambio climático.

Los tribunales ya están avanzando en esa dirección, y veremos más demandas de este tipo gracias a los progresos de la ciencia de la atribución, que vincula acontecimientos concretos —como sequías, desprendimientos o inundaciones— al cambio climático y a las emisiones humanas. Sin embargo, aún no es posible establecer con precisión el nexo causal entre las emisiones de una sola empresa y un suceso local.

>> Descubra por qué los habitantes de Pulau Pari han denunciado al gigante suizo del cemento Holcim:

¿Qué desarrollos prevé para los próximos años? ¿Se convertirán las sentencias climáticas en un instrumento clave para acelerar la descarbonización?

Probablemente aumentarán las demandas, aunque no de forma exponencial como ahora. Llevar un caso a los tribunales requiere tiempo y recursos. Es más realista esperar un refuerzo en la aplicación de las sentencias ya dictadas, con mayor atención a la conformidad y la ejecución.

Las decisiones judiciales seguirán siendo importantes, pero no podemos depender únicamente de los tribunales para acelerar la transición ecológica. Se necesitan intervenciones coordinadas en muchos ámbitos: economía, educación, medios de comunicación, cultura. Todos deben avanzar en la misma dirección. También las inversiones y el comercio internacional deben formar parte del proceso.

Hoy vemos señales de cambio: las emisiones están disminuyendo, aunque demasiado despacio. El verdadero motor de la transición será económico y político: convertir las energías renovables en una oportunidad de negocio y hacer que la reducción de emisiones resulte ventajosa. Eso, más que las sentencias, hará avanzar la transición ecológica.

Editado por Veronica De Vore. Adaptado del italiano por Carla Wolff.