La paradoja del impeachment en Brasil: los acusadores también están acusados
Uno por uno, los legisladores brasileños desfilan por la televisión nacional con los rostros encendidos de indignación y la voz agitada clamando por el juicio de destitución de la presidenta Dilma Rousseff o denunciando un “golpe” contra la democracia.
¿El problema con esta afectada escena que no deja de repetirse este fin de semana en Brasil? El sorprendente número de legisladores acusados de delitos.
En la muchas veces surrealista política brasileña, el aspecto más llamativo -e ignorado- es que gran cantidad de los políticos que piden la cabeza de Rousseff o la defienden como una mártir deberían estar en una situación tan complicada como la presidenta, o incluso peor.
La mandataria enfrenta un proceso de impeachment bajo la acusación de haber maquillado las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección. Ella no lo niega, pero alega que gobiernos anteriores y autoridades regionales y locales utilizaron esos mismos mecanismos hasta 2015.
“Quieren condenar a una inocente y salvan a corruptos”, afirmó Rousseff este sábado en el diario Folha de Sao Paulo.
Dilma Rousseff y sus partidarios apuntan en primer lugar al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, arquitecto del proceso que podría derivar en su destitución.
Este legislador evangélico de Biblia en mano se convirtió el mes pasado en el primer político brasileño protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de la corte suprema por haber recibido, según la acusación, al menos cinco millones de dólares en sobornos procedentes de la red corrupta que desangró a la estatal Petrobras. Supuestamente, ocultó el dinero en Suiza.
Las acusaciones, sin embargo, no le han movido de la silla. Cunha niega todos los cargos y continúa ejerciendo un enorme poder, mientras se defiende en el Comité de Ética de la cámara por haber mentido presuntamente sobre sus cuentas en el extranjero.
El domingo supervisará la crucial votación que decidirá en la Cámara de Diputados si el proceso de impeachment sigue hacia el Senado o queda archivado.
En tanto, Michel Temer -el vicepresidente que abandonó a Rousseff y la sustituiría hasta 2018 en caso de que fuera destituida- está bajo sospecha de haber participado en transacciones ilegales de etanol.
– “¡Dios mío!” –
Temer y Cunha son los dos políticos que encabezan la línea de sucesión de Rousseff. El siguiente, el presidente del Senado, Renan Calheiros, también tiene su lista de causas pendientes, incluida la evasión de impuestos o la recepción de fondos mensuales de un lobista para pagar la manutención de una examante con la que tuvo una hija.
Pero a medida que se desciende en la pirámide de poder la mancha del fraude se convierte en un océano donde pocos quedan en la orilla.
La ONG Transparencia Brasil calcula que el 58,1% de los 513 diputados de la cámara presidida por Cunha enfrentan -o enfrentaron- cargos, que van desde la corrupción hasta el asesinato o la violación.
Y en el Senado, donde Rousseff podría ser finalmente destituida, los números son todavía más contundentes: al menos el 60% de los 81 senadores tienen, o tuvieron, causas judiciales abiertas.
El poco edificante espectáculo formado por políticos manchados por escándalos trabajando por derrumbar a una presidenta impresionó a un juez de la corte suprema.
Tras ver cómo Cunha y otros pesos pesados del PMDB festejaban su ruptura con el gobierno, el magistrado Luis Roberto Barroso afirmó: “¡Dios mío del cielo! Esta es nuestra alternativa de gobierno”.
– Expresidentes bajo sospecha –
Una de las razones por las que los políticos parecen invulnerables es que sus casos son juzgados por el respetado, pero extremadamente lento, Supremo Tribunal Federal (STF).
Otro motivo es la amplitud y arraigo de la corrupción, como ha demostrado la operación Lava Jato (‘Lavado a presión’), que destapó el megafraude en Petrobras llevándose por delante a poderosos empresarios, directivos de la compañía y políticos de casi todos los signos. Entre ellos, el exlíder del gobernante Partido de los Trabajadores en el Senado, Delcidio do Amaral, o el tesorero de la formación, Joao Vaccari.
En un país con tanta corrupción -Transparencia Internacional sitúa a Brasil en el 76º lugar de su clasificación, empatado con Burkina Faso o India- los defraudadores pueden estar en cualquier lugar.
El exsenador Gim Argello, por ejemplo, fue arrestado esta semana, acusado de haber cobrado al menos 1,5 millones de dólares en coimas de constructoras para bloquear investigaciones parlamentarias sobre la red en la petrolera estatal.
Y los tentáculos de la trama también han alcanzado a dos expresidentes del país.
Uno es el mentor y estrecho aliado de Rousseff, Luiz Inacio Lula da Silva, acusado de haber recibido sobornos de constructoras implicadas en el fraude.
El otro es Fernando Collor de Melo, quien acabó renunciando en 1992, ahogado por un impeachment, aunque regresó a la política como senador. Cuando la policía registró su casa en julio del año pasado, confiscaron un Ferrari, un Porsche y un Lamborghini.
¿Un importante político brasileño que todavía mantiene limpia su hoja de penales? Dilma Rousseff.
“Acá tenemos a una persona que no tiene ninguna indagación, ninguna imputación, ninguna acusación en ningún juzgado y encontramos entre quienes la van a juzgar en el Congreso imputados, acusados, indagados y con expedientes pendientes”, defendió este viernes en Brasilia el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
