Activistas destacan que CorteIDH juzgue primer caso de Perú sobre esterilización forzada

Lima, 23 may (EFE).- Organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos destacaron este viernes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) haya iniciado el juzgamiento contra el Estado peruano por el primer caso de esterilización forzada del país en llegar a ese tribunal, con el fin de alcanzar medidas de reparación integral para otros miles de casos.

En una audiencia pública realizada el jueves en Guatemala, la CorteIDH presentó el caso de Celia Ramos contra Perú, referido a la muerte de la mujer por complicaciones derivadas de la cirugía de esterilización a la que fue sometida en 1997 bajo presión del personal de salud de una posta en la región Piura.

Así como Ramos, miles de mujeres pobres fueron sometidas, sin su consentimiento informado, al Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), impulsado, ejecutado y supervisado por el entonces gobierno de Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud entre 1996 y 2001.

La abogada de la organización Demus, Maria Ysabel Cedano, declaró que la Corte tiene la «oportunidad histórica de hacer justicia» estableciendo la responsabilidad del Estado peruano por este «crimen de lesa humanidad», reparar a las víctimas y adoptar garantías de no repetición para que «nunca más se vulnere el derecho al consentimiento libre e informado sin discriminación alguna».

A su vez, la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez Coral, comentó que el caso de Celia Ramos representa una grave violación a los derechos humanos cometida en el marco del programa estatal de planificación familiar.

«Es caso es clave para que la violencia reproductiva sea reconocida como una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad», añadió Martínez Coral en una nota de prensa firmada por varias organizaciones civiles.

En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había declarado la responsabilidad del Estado peruano en el caso de Celia Ramos y recomendó medidas de reparación integral, pero ante la falta de avances sustantivos, el caso fue remitido a la CorteIDH en 2023.

Según cifras del Ministerio de Salud, citadas por las activistas, entre 1996 y 2001 se realizaron más de 270.000 ligaduras de trompas, la mayoría sin garantías efectivas del derecho al consentimiento libre e informado, la salud y la vida.

A la fecha, casi 7.000 mujeres han sido incorporadas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, (REVIESFO) que esperan justicia y reparaciones integrales, entre ellas se encuentran 18 fallecidas que han sido registradas por la Defensoría del Pueblo como vinculadas a estas prácticas.

Durante la audiencia, la hija de la víctima Marisela Monzón Ramos dijo ante la Corte que su familia espera, después de casi tres décadas, que «se reconozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se abra una investigación real y exhaustiva, y que el Estado reconozca y repare la afectación que nosotras tuvimos».

La perito Kimberly Theidon afirmó que, en el marco del programa estatal, se impusieron estereotipos de género, legados coloniales, la discriminación étnica y normas machistas que consideraban que «las mujeres pobres, rurales, analfabetas e indígenas no tenían el derecho de tomar decisiones sobre su fertilidad, ni ejercer autonomía sobre sus cuerpos».

Las organizaciones peticionarias han pedido a la Corte que declare al Estado peruano responsable por la comisión de crímenes de lesa humanidad y por la violación de múltiples derechos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud, a la autonomía reproductiva, a la igualdad ante la ley, y a las garantías y protección judicial de Celia Ramos y su familia. EFE

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