
Amnistía denuncia la discriminación contra las mujeres y la represión política en Omán
El Cairo, 24 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció a Omán por reprimir «a quienes criticaban las medidas y políticas del gobierno» así como por no proteger de forma efectiva «a la mujeres y niñas» del sultanato, según explicó la organización en su informe anual de derechos humanos. El documento, que analiza la situación en 195 países del mundo, aseguró que durante el año 2023 las autoridades omaníes «reprimieron a quienes criticaban las medidas y políticas del gobierno», entre ellas «las relacionadas con la corrupción y la inacción a la hora de abordar el aumento del coste de la vida». Asimismo, el pasado agosto, grupos locales de derechos humanos informaron de que un tribunal de apelación «había vuelto a juzgar a cuatro personas» en el marco de la causa conocida como «los espacios de Ghaith», que perseguía una serie de publicaciones en la red social X críticas con el país. Según explicó AI, los cuatro habían sido detenidos por primera vez en 2021, acusados de utilizar las redes para proporcionar material que «perjudicaba los valores religiosos y el orden público», por su «participación en debates en línea sobre libertad de pensamiento, religión y ateísmo». Por otra parte, Omán «no tomó medidas concretas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia de género ni para poner fin a la discriminación por motivos de género», según la organización. Pese a su tipificación como delito en 2019, sigue existiendo la práctica de la mutilación genital femenina en diversas áreas del país, lo que provocó la reprobación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, a quien las autoridades omaníes «se limitaron a declarar que se había creado una base de datos sobre este asunto», explicó AI. La ONG criticó al país árabe por no atender a «las crecientes demandas de la sociedad civil en favor de la igualdad de derechos para ellas en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la herencia, la nacionalidad y la custodia de los hijos e hijas», así como «a las restricciones de circulación y el tipo de trabajo que se les permite realizar». Por otra parte, AI valoró positivamente la nueva legislación en materia laboral de Omán, donde el 80 % de los trabajadores y trabajadoras son migrantes, entre ellas «la reducción de la semana laboral máxima de 45 a 40 horas, el aumento de la baja por enfermedad remunerada» y la posibilidad de «abandonar la entidad empleadora si dejaba de pagar los salarios durante 2 meses consecutivos». EFE hp/ar