
Amnistía dice que El Salvador usa el sistema penal contra la disidencia

La organización Amnistía Internacional afirmó este martes que El Salvador usa el sistema penal como «arma» para castigar a la disidencia.
En los últimos meses han sido detenidos activistas de derechos humanos salvadoreños críticos del presidente, Nayib Bukele, y del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
«En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, en un comunicado.
«Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad», advirtió Piquer.
En mayo fue detenida la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida ONG Cristosal y crítica del gobierno, al ser acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito.
El 1 de julio, Amnistía declaró «presos de conciencia» a López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al líder campesino José Ángel Pérez, quienes también están en prisión desde mayo.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya, también crítico de Bukele, a quien tilda de «dictador», fue detenido en junio acusado de presunto lavado de dinero.
Amnistía señaló que «ha documentado» que «las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos» como el delito de integrar «agrupaciones ilícitas» u «organizaciones terroristas» para «criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente».
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para López y Anaya, al considerar que se encuentran «en una situación de gravedad y urgencia» y que sus derechos «a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable».
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