Aprueban una reforma para ampliar el tiempo de la detención provisional en El Salvador

San Salvador, 15 ago (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), reformó este viernes una ley contra el crimen organizado para ampliar a dos años más el plazo de la detención provisional de las personas que han sido capturadas en el contexto de la medida de régimen de excepción, implementada desde marzo de 2022.

La reforma fue aprobada con los votos de 57 diputados oficialistas y sus aliados en el órgano Legislativo.

El cambio establece que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene hasta agosto de 2027 para presentar dictámenes de acusación contra las personas detenidas durante el régimen de excepción, muchos de ellos en prisión desde marzo de 2022 y sin aún haber enfrentado juicio.

La Fiscalía solicitó en agosto de 2023 al Congreso una reforma para la extensión de dos años al plazo de la detención provisional, cuando se cumplían -en ese momento- 17 meses de la implementación del régimen de excepción, lo que generó polémica debido a las implicaciones sobre derechos humanos, según diversas organizaciones.

Antes de esta reforma, el artículo 5 del Código Procesal Penal vigente en el país establecía que el plazo máximo de detención provisional para delitos menos graves es 12 meses y 24 para aquellos graves.

La diputada opositora Claudia Ortiz se manifestó en contra de la reforma y planteó que «es el reflejo de la incapacidad que tienen las instituciones que deben impartir justicia» en el país.

«Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos (…) han tenido dos años para que se pueda definir en un juicio, con suficiente información, quien es culpable o inocente», expresó.

Ortiz apuntó que «las personas que han sido detenidas por error van a tener que esperar otros dos años para ir a juicio y poder determinar su situación».

La aprobación de la reforma se da en momentos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado de El Salvador a «adoptar las medidas pertinentes» para la terminación del régimen de excepción, por su «indebida aplicación» en casos no relacionados con el crimen organizado.

Además, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador que declare inconstitucional el régimen de excepción, y con ello que acabe su implementación.

El régimen de excepción, que ha sido prorrogado en 41 ocasiones por la Asamblea Legislativa, suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier tipo y amplía el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.

El régimen de excepción, que a la fecha deja más de 88.750 capturas, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

La medida extraordinaria se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.

Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.EFE

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