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Comienza juicio contra trabajadores humanitarios en Grecia acusados de tráfico de personas

Atenas, 4 dic (EFE).- Un tribunal griego abrió este jueves un controvertido juicio contra 24 trabajadores humanitarios acusados de tráfico de personas por haber facilitado la entrada de inmigrantes, un proceso penal que ha sido calificado como «el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa» por el Parlamento Europeo.

El juicio tiene lugar en un tribunal de la isla de Lesbos contra dos docenas de voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center Internacional (ERCI), activa entre 2015 y 2018, que brindaron apoyo a operaciones de búsqueda y rescate de refugiados en Grecia, informó el portal griego Lesvosnews.

Los acusados se enfrentan a los cargos de presunto tráfico de personas, formación de una organización criminal y blanqueo de capitales, delitos que podrían acarrearles penas de hasta 20 años de cárcel.

Entre los inculpados se encuentra la exnadadora y activista siria Sarah Mardini, cuya travesía desde Siria hasta Lesbos (una isla que solo en 2015 recibió casi un millón e inmigrantes y refugiados) ha inspirado la película de Netflix ‘Las nadadoras’.

Con tan solo 17 años, Sarah y su hermana, Yusra, que compitió después como nadadora con el equipo olímpico de refugiados en Tokio 2020, evitaron que la balsa en la que se encontraban con otras 20 personas se hundiera por sobrepeso tirándose al mar y remolcándola a nado hasta Lesbos.

También están acusados el expresidente de ERCI, el rescatista griego Nasos Karakitsos, y el buzo de rescate irlandés Seán Binder, que empezó a trabajar con la organización en 2017.

Karakitsos, Binder, Mardini y otros tres miembros de ERCI fueron arrestados en 2018 y pasaron más de cien días en prisión preventiva antes de ser liberados en espera de juicio.

En enero de 2023, un tribunal de Lesbos retiró los cargos por los delitos de falsificación de documentos y de espionaje contra los acusados, considerándolos infundados, al igual que otros delitos menores que se les imputaban.

No obstante, la fiscalía decidió proseguir con la acusación respecto a los delitos mayores.

En un informe del Parlamento Europeo publicado en 2021, fue calificado como «el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa».

En vísperas de abrirse el juicio hoy, la ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió, en un comunicado emitido este miércoles, de la «lógica profundamente errónea» en la que se basan las acusaciones.

«Salvar vidas en el mar se caracteriza erróneamente como tráfico de migrantes, por lo que el grupo de búsqueda y rescate es una organización criminal y, por lo tanto, su recaudación legítima de fondos es blanqueo de capitales», señala la organización.

Además, los expertos de la ONG aseguran que el juicio «está plagado de fallas procesales» que socavan el derecho a un proceso justo.

Decenas de grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), han denunciado el caso como un intento infundado de prohibir la ayuda a los refugiados en Grecia.

La relatora especial de las Naciones Unidas para los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, señaló hace dos años, tras visitar el país, que los defensores de derechos humanos y los trabajadores humanitarios en Grecia se enfrentan a un uso indebido del derecho penal en su contra «en un grado escandaloso».

Desde 2019, el Gobierno griego del primer ministro, el conservador Kyrakos Mitsotakis, ha endurecido su postura sobre los inmigrantes, reforzando los controles fronterizos con vallas y patrullas marítimas.

Las autoridades griegas han sido también acusadas reiteradamente por medios y organizaciones internacionales de realizar devoluciones ilegales de inmigrantes hacia Turquía, algo que el Gobierno griego ha negado siempre. EFE

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