Comisión del Vaticano pide protocolo simplificado para destituir a implicados en abusos
Ciudad del Vaticano, 16 oct (EFE).- La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el organismo creado por Francisco para combatir los abusos, presentó este jueves su segundo informe anual en el que urge a la Iglesia Católica a que establezca un protocolo simplificado para destituir a los implicados en abusos .
El documento, correspondiente a las actividades de 2024 y se basa también en varias entrevistas a víctimas, también subraya que la reparación del daño «debe incluir medidas de escucha, apoyo psicológico y espiritual, disculpas públicas y participación de las víctimas en las políticas de prevención».
Y añade que «la compensación económica, es necesaria pero insuficiente sin un acompañamiento humano y pastoral sostenido» y que todo esto «es esencial para restaurar la credibilidad moral y pastoral» de la Iglesia católica.
Concluye que «aún hay lagunas en transparencia y responsabilidad jerárquica. Las decisiones de sanción o dimisión por abuso se comunican de forma irregular o no se hacen públicas».
Entre las principales recomendaciones, la comisión propone un vademécum operativo con seis líneas de acción: acogida y cuidado, disculpas públicas y privadas, apoyo terapéutico, ayuda económica, reformas disciplinarias e iniciativas comunitarias de salvaguardia.
El informe urge «a implementar un protocolo simplificado para la destitución o dimisión de líderes implicados en casos de abuso o negligencia, con comunicación pública responsable y respeto a la presunción de inocencia».
«La Iglesia tiene la obligación moral y espiritual de sanar las profundas heridas infligidas por la violencia sexual perpetrada, permitida, mal gestionada o encubierta por cualquier persona que ocupe una posición de autoridad en la Iglesia. Los principios de justicia y caridad fraterna, a los que todo cristiano está llamado, exigen no solo el reconocimiento de la responsabilidad, sino también la puesta en práctica de medidas concretas de reparación», aseguran.
Por ello, insisten en «la necesidad de que las víctimas tengan un lugar para denunciar sus casos sin impedimentos y con protecciones esenciales contra posibles represalias para ellas y sus familias».
Y que haya «disculpas de manera pública y privada: publicar declaraciones oficiales de la Iglesia que reconozcan el daño causado y que asuman la responsabilidad por parte de toda la Iglesia» y que «es importante estudiar la adopción de un protocolo de comunicaciones que contenga normas mínimas para la difusión de información sobre casos de abuso de manera pública y privada».
También recomienda la creación de una red académica internacional entre universidades católicas especializadas en derechos humanos y prevención de abusos, con el fin de mejorar la recopilación y análisis de datos.
La Comisión sugiere establecer un mecanismo sistemático y obligatorio de denuncia dentro de las diócesis y órdenes religiosas, como parte de un modelo global de transparencia. Asimismo, resalta el papel de los nuncios apostólicos como figuras clave en el acompañamiento de las Iglesias locales.
El reporte examina también la actuación del Dicasterio para la Evangelización, que supervisa más de 1.200 Iglesias misioneras, y reconoce su “firme compromiso” con la protección de personas vulnerables.
En el ámbito laico, el informe analiza por primera vez las políticas del Movimiento de los Focolares, destacando su creación de una comisión independiente para investigar casos de abuso y sus nuevas directrices de comunicación y apoyo económico a víctimas.
El documento concluye que la reparación es una exigencia moral y espiritual, no solo administrativa. Según el comité «los abusos sexuales y su encubrimiento constituyen una traición al amor de Dios y al Evangelio”, y la conversión institucional debe implicar justicia, verdad y acompañamiento continuo». EFE
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