Comisión ONU denuncia ataques con drones a civiles ucranianos y deportaciones a Georgia
Ginebra, 27 oct (EFE).- Rusia lleva a cabo de forma sistemática ataques con drones en el frente ucraniano y deportaciones -incluso a lugares tan lejanos como Georgia- como estrategia para trasladar forzosamente a la población ucraniana, cometiendo con ello crímenes de guerra y contra la humanidad, denuncia un informe de la ONU.
El informe de la Comisión de Investigación de la ONU en Ucrania, que este lunes se presenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas y del que ya se anticiparon detalles en septiembre durante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, señala que los ataques con drones de corto alcance contra civiles en el frente pueden considerarse crímenes contra la humanidad.
Las deportaciones y transferencias de civiles desde áreas ocupadas por las autoridades rusas, por su parte, son un crimen de guerra, de acuerdo con la comisión presidida por el jurista noruego Erik Mose y que completan el colombiano Pablo de Greiff y la india Vrinda Grover.
Los ataques con drones se han intensificado durante más de un año, indica el informe, en un área que se extiende a lo largo de más de 300 kilómetros en la orilla derecha del río Dniéper, que forma el frente en el sur de Ucrania, en las provincias de Dnipropetrosvsk, Jersón y Mikolaiv.
Los drones atacaron civiles, viviendas, puntos de distribución humanitaria e infraestructuras vitales para el suministro eléctrico, detalla el documento, que denuncia incluso algunos contra servicios de emergencia tales como ambulancias o bomberos, pese a estar protegidos por el derecho internacional.
«Los ataques son parte de una estrategia coordinada para alejar a los civiles de esos territorios (…) sembrando el terror en la población», concluye el documento.
En lo tocante a deportaciones, la comisión recuerda que en 2022 y 2023 las autoridades rusas ya empezaron a transferir civiles a territorios controlados por Ucrania, tras acusarles de actividades antirrusas.
Con frecuencia fueron llevados al límite de la zona bajo control ruso y obligados a caminar unos 10 o 15 kilómetros, en una zona de frente altamente peligrosa, hasta llegar a puestos de seguridad ucranianos.
En 2024 y 2025 también se produjeron deportaciones de civiles ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia en Ucrania a Georgia, con similares prácticas en la frontera.
En numerosas ocasiones, antes de estas deportaciones y transferencias forzosas las víctimas fueron detenidas, torturadas y sus documentos fueron confiscados, «causando un grave impacto psíquico» y «mostrando una indiferencia profunda por la vida humana y la dignidad», señaló el informe.
La comisión dijo también haber recibido alegaciones sobre ataques ucranianos contra objetivos civiles en zonas ocupadas por Rusia, aunque no emitió conclusiones sobre ello al no haber obtenido colaboración por parte de las autoridades rusas para investigarlo.
La comisión investigadora fue creada en marzo de 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania y renovó su mandato por al menos un año el pasado mes de abril.
El informe se realizó mediante el examen de medio millar de vídeos que denunciaban estos crímenes junto a entrevistas a 226 personas (117 mujeres y 109 hombres) que incluyeron víctimas, testigos, autoridades locales, personal médico, de emergencias y humanitario. EFE
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