Comunidad salvadoreña destaca absolución de cinco ambientalistas y crítica decisión civil

San Salvador, 25 sep (EFE).- Los pobladores de la remota comunidad salvadoreña de Santa Marta, en el departamento de Cabañas (norte), destacaron este jueves el fallo de un tribunal penal que absolvió a cinco ambientalistas y otras tres personas acusados de un asesinato en 1989, pero criticaron la imposición de una responsabilidad civil.

«Valoramos positivamente el fallo dado por el Juzgado de Sentencia de San Vicente. Su decisión de declarar inocentes y absolver penalmente a los procesados de todos los delitos imputados no sólo es una acción legal y justa, sino que representa un acto de resistencia frente a la criminalización, de la mayoría de instancias del sistema judicial y de los intereses articulados detrás de este espurio proceso penal», indicaron en un comunicado.

La comunidad consideró que este fallo absolutorio «ratifica la total inocencia de los defensores ambientales y confirma nuestra denuncia de que la acusación falsa respondía a una estrategia de criminalización del activismo ambiental, impulsada por sectores interesados en reinstalar la minería metálica en El Salvador».

Sin embargo, calificaron de «incongruente» que el fallo «plantee la posibilidad de una demanda civil, a pesar de no existir una condena penal».

El Juzgado de Sentencia de San Vicente, compuesto por tres jueces, declaró el sobreseimiento de los imputados. Es la segunda vez que un juzgado penal absuelve a los ocho procesados, dado que una cámara de apelaciones anuló el primer fallo y ordenó un nuevo juicio, que se celebró en julio pasado con todos los procesados juzgados en ausencia.

Los ambientalistas son Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, y a quienes se les procesó desde enero de 2023.

Además, se juzgó a Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.

Para Pacheco, Gómez, Pedro Rivas y Serrano se decretó una responsabilidad civil en «abstracto» que deberá ser determinada por un juzgado de lo civil.

La Corte ordenó levantar las órdenes de captura vigentes, así como devolver las fianzas y objetos incautados en el proceso y como medida de reparación que dos hijos de la víctima reciban atención psicológica del Estado.

La Fiscalía General señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989. EFE

hs/sa/gf/enb