Concesión portuaria a operador chino restaba soberanía y riqueza a Panamá, según sentencia
Ciudad de Panamá, 23 feb (EFE).- La afectación a la soberanía o la falta de equilibrio económico están entre los principales argumentos que sustentan el fallo judicial inapelable que anuló la concesión para operar dos puertos cercanos al Canal de Panamá a una filial del conglomerado chino CK Hutchison, como indica el texto judicial publicado este lunes en la gaceta oficial.
Este mismo lunes la Autoridad Marítima de Panamá tomó el control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), mediante un «decreto de ocupación» que reconoce que los equipos y maquinarias son propiedad de Panama Ports Company (PPC), la filial de CK Hutchison, de acuerdo con la información oficial.
APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), operarán Balboa y Cristóbal, respectivamente, transitoriamente, por un plazo de hasta 18 meses, y hasta que ambas terminales se den en concesión a los operadores definitivos.
Los puertos de Balboa y Cristóbal son dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y en el 2025 movieron 3,77 millones de contenedores, el 38 % del total del sistema portuario panameño.
Pérdida de soberanía
Según el texto judicial publicado este lunes y que fue anunciado por el Supremo de Panamá el pasado 29 de enero, en el contrato Ley 5 del 16 de enero de 1997 que otorgó la concesión a PPC se establece que «el Estado debe consultar y requerir aprobación previa de la empresa para otorgar cualquier concesión futura sobre terrenos del Estado», no solo aquellos objeto del contrato sino los aledaños, como las áreas «conocidas como Diablo e Isla Telfers».
Se «atenta» así «contra la soberanía que ejerce el Estado panameño sobre todo su territorio, el que está sujeto a su gobierno y no debe requerir consentimiento ni aprobación de ninguna entidad privada para disponer de los bienes de su propiedad», indica el fallo.
El Canal de Panamá lanzó el pasado 30 de enero el proceso de concesión de Isla Telfers (Atlántico) y de Corozal (Pacífico) para la construcción de dos nuevos puertos que requieren una inversión estimada en 2.600 millones de dólares.
Con esto el Canal, que es un ente autónomo del Estado, incursiona en materia de puertos, ya que el sistema portuario del país centroamericano – que incluye a Balboa y Cristóbal – es responsabilidad de la AMP.
Monopolio de facto y falta de equilibrio económico
Con la Ley 5 de 1997 «se otorgan derechos y prerrogativas desproporcionadas a» PPC, «lo que genera condiciones que monopolizan de facto las facultades exclusivas y excluyentes del Estado para gestionar los recursos públicos de forma autónoma, y al mismo tiempo, «deja en manos privadas decisiones que deben ser de interés público».
Los jueces además concluyeron que «existe falta de equilibrio económico en la concesión», puesto que una de las cláusulas del contrato ley «no establece criterios objetivos que justifiquen cómo la ampliación de la concesión sin contraprestación adicional contribuye al bienestar social, no detalla mecanismos de supervisión estatal ni dispone parámetros de evaluación de impacto económico».
Sobre la cuestionada prórroga automática, el fallo declara que se obvió el refrendo de la Contraloría General, obligatorio porque se está ante un «acto de manejo de fondos y otros bienes públicos que se encuentran sujetos a control previo».
La anulación de la concesión a 25 años y de la prorrogada automática de 2021 aprobada en medio de críticas y denuncias de presuntas irregularidades, tiene lugar cuando el regulador chino ha frenado la venta, por cerca de 23.000 millones de dólares al gigante de EE.UU. BlackRock, de más de 40 terminales en una veintena de países, incluidas la de Panamá, operadas por CK Hutchison, en el marco de la lucha geopolítica entre Pekín y Washington. EFE
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