Corte de El Salvador ratifica absolución de líderes comunitarios que denuncian persecución
San Salvador, 12 may (EFE).- Una cámara de apelaciones de El Salvador ratificó el fallo absolutorio de cinco ambientalistas y líderes comunitarios procesados junto a otras tres personas por el supuesto asesinato de una mujer en el contexto de la guerra civil (1980-1992), un proceso que ellos vinculan a represalias por su activismo ecológico, informaron este martes miembros de su comunidad.
Esta resolución de la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente «confirma la inocencia de los activistas ambientales de Cabañas» y rechaza «la pretensión fiscal de revertir el fallo absolutorio del juzgado de Sentencia de San Vicente emitido el 24 de septiembre de 2025», indicaron miembros de la remota comunidad rural Santa Marta y organizaciones sociales no gubernamentales en una conferencia.
La Fiscalía solicitaba anular el fallo absolutorio y repetir, por tercera vez, el juicio, pero la Cámara de apelaciones consideró que no había «argumentos reales» para ello, según explicaron los activistas.
Este nuevo fallo «confirma que la acusación falsa montada contra» las personas absueltas «fue una acción de persecución contra el activismo ambiental y una criminalización que busca desmantelar la resistencia comunitaria contra los proyectos mineros».
Los ambientalistas que fueron procesados son Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a la comunidad Santa Marta-, enfrentaron un proceso penal desde enero de 2023.
Además, se juzgó a Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.
La Fiscalía General señaló a «todos los procesados» de ser excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato el 22 de agosto de 1989 de María Inés Alvarenga Leiva.
El proceso penal fue puesto bajo reserva total por lo que no se conocieron detalles sobre el crimen.
La comunidad Santa Marta, ubicada a 70 kilómetros de la capital salvadoreña, es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica. Sus habitantes empujaron una ley contra esta práctica, la cual fue aprobada el 2017 pero su prohibición fue derogada en 2024. EFE
hs/sa/sbb
