CPI declara culpable a exlíder yanyauid por crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur

Imane Rachidi

La Haya, 6 oct (EFE).- Con la cabeza agachada y ataviado con traje, Ali Muhammad Ali Abd al Rahman ‘Ali Kushayb’ escuchó sin gesticular la lectura de la primera sentencia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el conflicto que devastó la región sudanesa Darfur bajo el régimen de Omar al Bashir, y que lo declaró culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad entre 2003-2004.

El exlíder de las milicias yanyauid, de 76 años, no hizo ningún gesto durante la casi hora y media en la que la presidenta de la sala, la jueza Joanna Korner, leyó detalles de violaciones múltiples y colectivas, asesinatos en masa y torturas.

Con la mirada fijada en la mesa frente a él mientras escuchaba con auriculares para la traducción al árabe, no reaccionó ni siquiera cuando Korner anunció que se había concluido «más allá de toda duda razonable» y de forma «unánime» su responsabilidad en 27 cargos, incluidos asesinatos, torturas, violaciones, persecuciones y desplazamientos forzados.

«El acusado no solo daba órdenes para los arrestos y la posterior encarcelación de las personas detenidas, sino que también participó con el personal implicado en las palizas y, más tarde, estuvo físicamente presente dando órdenes para la ejecución de los detenidos», señaló Korner..

La sentencia, de 355 páginas, detalla la estrategia de represión del Gobierno sudanés tras el ataque rebelde al aeropuerto de Al Fasher en abril de 2003: aprobó un ‘Plan de Emergencia’ que combinó al Ejército regular con milicias árabes yanyauid para someter a las comunidades no árabes, principalmente de las etnias fur, masalit y zagaua, consideradas base de apoyo rebelde.

A Ali Kushayb se le considera colaborador cercano del régimen de Al Bashir, quien también está siendo buscado desde 2009 por la CPI por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán.

La sentencia detalla patrones de violencia planificada, con ataques conjuntos de fuerzas estatales y milicias yanyauid, y establece la responsabilidad individual del acusado como comandante local.

Asesinatos, violaciones, saqueos y desplazamientos

Según el fallo, Abd al Rahman tuvo un papel central en tres operaciones militares: los ataques a Kodoom y Bindisi en agosto de 2003, la represión en Mukjar entre febrero y marzo de 2004, y las ejecuciones masivas en Deleig en marzo de 2004. En estos lugares se produjeron asesinatos sistemáticos de hombres, violaciones de mujeres y niñas, saqueos, destrucción de aldeas y desplazamientos forzados.

La Sala consideró probado que el acusado fue un enlace clave entre altos cargos del Gobierno de Sudán y las fuerzas locales: reclutó combatientes, distribuyó armas y suministros, y dio órdenes para «barrerlo todo» y «no dejar a nadie atrás».

Los jueces subrayaron que ejercía autoridad sobre subordinados que lo llamaban ‘Comandante Ali’ y que el propio Gobierno lo identificaba como ‘comandante de los Al Fursan’, término para designar a los yanyauid.

El tribunal lo declaró culpable como autor directo, coautor y por haber dado órdenes para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. No fue condenado por cuatro cargos adicionales debido a una acumulación inadmisible.

Tanto la fiscalía como la defensa pueden recurrir el fallo en un plazo de 30 días. La pena se decidirá en una fecha posterior, y puede llegar hasta la cadena perpetua.

Durante el juicio declararon 74 testigos -de la fiscalía, la defensa y víctimas- y se incorporaron 1.861 pruebas documentales.

Un total de 1.591 víctimas participaron en el proceso a través de sus representantes legales y podrán solicitar reparaciones más adelante.

El fallo se produce en un contexto de nueva violencia en Sudán, donde facciones de las antiguas yanyauid se han integrado en las actuales Fuerzas de Apoyo Rápido, implicadas en abusos graves desde 2023.

Abd al Rahman, que siempre negó los cargos, se entregó a las autoridades en la República Centroafricana en 2020 porque, según declaró, estaba «desesperado» y temía que las autoridades sudanesas lo mataran tras la caída del régimen de Al Bashir en 2019, aunque, una vez en La Haya, negó ser la persona apodada ‘Ali Kushayb’. La Sala desestimó este argumento.

Es el primer dirigente de las milicias yanyauid en ser responsabilizado penalmente por la violencia sistemática que devastó Darfur y dejó, según estimaciones de Naciones Unidas, más de 300.000 muertos y millones de desplazados.

Como parte de su investigación, la CPI emitió varias órdenes de arresto, entre ellas contra el propio Al Bashir y contra su exministro del Interior Ahmad Harun, quien habría entregado armas y dinero a Ali Kushayb. EFE

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