CPI examina cargos contra Duterte entre acusación de asesinatos y denuncia de persecución
Imane Rachidi
La Haya, 23 feb (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) inició este lunes la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, en una sesión marcada por la ausencia del acusado y el choque entre la Fiscalía, que lo sitúa “en el corazón” de un plan de asesinatos, y la Defensa, que denuncia persecución política.
Duterte, de 80 años, renunció formalmente a su derecho a estar presente y rechazó seguir la audiencia por videoconferencia desde el centro de detención de la CPI, donde permanece desde su arresto en Manila y traslado a La Haya el pasado marzo.
Alegó su avanzada edad, deterioro de salud y falta de jurisdicción para ausentarse, aunque un panel médico independiente designado por los jueces concluyó que está en condiciones de participar y la acusación insistió hoy en que su ausencia responde únicamente a una decisión personal.
“Duterte está perfectamente bien y es capaz de asistir a estas audiencias. Nada le impide estar aquí, salvo que no quiere estar. Eligió no comparecer, no enfrentarse al tribunal, no enfrentarse a las víctimas. No había ninguna razón para que no estuviera aquí”, explicó el abogado de la Fiscalía Julian Nichols.
Fiscalía: plan común que incluye asesinatos
La Fiscalía acusa a Duterte de tres cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, basados en 49 incidentes que suman 76 víctimas mortales y dos intentos de homicidio, considerados representativos de una campaña más amplia que afectó, principalmente, a los sectores más pobres de la población y que dejó miles de muertos entre 2011 y 2019.
“Eran los más vulnerables”, sostuvo Nichols, al señalar que muchas víctimas carecían de recursos o poder para denunciar los hechos.
El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang sostuvo que Duterte desempeñó un papel “decisivo” y realizó “contribuciones esenciales” a un plan común para “neutralizar” a presuntos delincuentes, incluidos consumidores y traficantes de drogas.
Según la Fiscalía, cuando era alcalde de Davao creó y dirigió el llamado “escuadrón de la muerte de Davao” (DDS), cuyos miembros recibían salario regular y pagos “por cabeza” asesinada, y tras asumir la presidencia en 2016, amplió ese modelo a nivel nacional.
La acusación argumenta que Duterte tenía autoridad formal y de facto sobre los ejecutores: como alcalde supervisaba la policía local y controlaba las DDS; como presidente era jefe de Estado, de Gobierno y comandante en jefe de las fuerzas armadas y la policía.
“Un líder que crea, arma y financia un escuadrón de la muerte no está interesado en el debido proceso”, afirmó.
La Fiscalía citó declaraciones públicas en las que Duterte prometía “cazar” a grandes capos y advertía que serían “eliminados”, así como episodios en los que mostró listas de presuntos objetivos.
Nichols afirmó que Duterte “asesinó a miles de sus propios compatriotas” y que la escalada de muertes tras su llegada a la presidencia “no fue coincidencia”, sino el cumplimiento de promesas de campaña.
El mensaje real de Duterte, señaló, fue entendido por los ejecutores: “Maten bajo mi dirección y yo los protegeré, les pagaré y los ascenderé”.
Defensa: el caso es político
La defensa, encabezada por el abogado israelí Nicholas Kaufman, rechazó que existan “motivos sustanciales” para confirmar los cargos y sostuvo que las muertes vinculadas a la lucha antidrogas no responden a una política institucional de asesinatos.
Kaufman acusó a la Fiscalía de seleccionar discursos de Duterte fuera de contexto y aseguró que existen decenas de intervenciones en las que el exmandatario hacía referencia a la legítima defensa y advertía contra abusos policiales.
También denunció lo que calificó como una entrega “inconstitucional” a la CPI y sostuvo que el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., habría facilitado su traslado con el objetivo de “neutralizar” políticamente a Duterte y su legado.
Para la Defensa, su cliente es “un hombre del pueblo” de origen humilde, ajeno a los privilegios del poder y cercano a la población, pero para la Fiscalía “proviene de una familia privilegiada, su padre fue abogado y político”, él tiene formación jurídica y ejerció como fiscal en Davao durante casi una década.
Este choque de visiones sobre Duterte y su legado también fue evidente en el exterior del tribunal, donde se congregaron grupos de decenas de manifestantes a favor y en contra del proceso.
La audiencia, que continuará hasta el viernes, no es un juicio, sino una fase preliminar para determinar si existen “motivos sustanciales” para creer que el acusado cometió los crímenes imputados.
Los jueces dispondrán de hasta 60 días para decidir si se abre un juicio formal contra Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de su controvertida “guerra contra las drogas” entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. EFE
ir/jaf/rod
