Cuando la naranja provoca dolores de estómago
Diez años después de los desordenes en El Ejido, Andalucía, el drama que viven miles de inmigrantes empleados en la agricultura vuelve a estar bajo los reflectores tras los sucesos ocurridos este mes en Rosarno, Italia. ¿Qué puede hacer el consumidor para no ser cómplice de esta forma de esclavismo moderno?
Uvas o sandías de oferta en los supermercados, pero fuera de temporada y lejos del lugar donde se cosechan. ¿A qué precio?
La economía globalizada nos ha acostumbrado a este lujo, si de lujo se puede hablar, dados los precios irrisorios de ciertos productos agrícolas pese a que éstos han recorrido medio mundo para llegar al consumidor final.
Rara vez, el bello tomate rojo fuego de Almería o la jugosa naranja de Calabria (sur de Italia) pueden devolverse, como en febrero de 2000, cuando las imágenes de los trabajadores agrícolas magrebíes maltratados en El Ejido dieron la vuelta al mundo.
O bien hace algunos días, cuando ocurrió la revuelta en Rosarno, en Calabria, puso ante los ojos de todos las condiciones subhumanas en las que viven miles y miles de inmigrantes, que ganan 20 euros al día por su trabajo en la recolecta de legumbres.
¿Y en los estantes suizos?
En Suiza, las dos principales cadenas de distribución, Migros y Coop, aseguran que sus estantes no tienen fruta ni verdura proveniente de granjas donde se explote a la gente.
“Para garantizar la calidad en una economía cada vez más globalizada, Migros ha adoptado estándares a todos los niveles: desde la producción primaria en la agricultura, pasando por la elaboración hasta la entrega del producto final en los puntos de venta. Los clientes pueden así contar con una amplia oferta de productos cuyo origen ha respetado los derechos humanos, animales y a la naturaleza”, se lee, por ejemplo, en la página Internet del mayor distribuidor helvético.
Otras empresas son menos categóricas. Denner, interpelado en una emisión en francés de la radio pública suiza, ha reconocido, por ejemplo, que sus proveedores no deben forzosamente comprobar que respetan condiciones de trabajo dignas, mientras que el mayorista Aligro señala que confía en la buena fe de los productores.
Migros y Coop resaltan que prácticamente todos sus proveedores se han adherido a los estándares ‘GlobalGap’ y ‘Business Social Compliance Initiative’ (BSCI).
El primero representa el estándar principal a escala mundial del sector agrícola y tiene en cuenta, sobre todo, los aspectos legales de las técnicas de producción. El segundo, el BSCI, es un código de conducta que obliga, en teoría, a garantizar las condiciones base en el ámbito laboral.
Pero estas normas no convencen a todos: “Alimentamos grandes reservas ante estos sistemas privados, que por un lado tienden a socavar las regulaciones establecidas a escala mundial, como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, indica el sindicalista Philippe Sauvain, secretario de la Plataforma para una Agricultura Sostenible.
“Un certificado como el BSCI –continúa Sauvain- contempla precisiones que no son respetadas, como la duración del periodo laboral que, por ejemplo, no debería superar las 40 o 45 horas de trabajo semanales en Suiza. Esto demuestra el carácter aleatorio de estos estándares”.
“Estos organismos se basan en controles que son más o menos voluntarios, y que sirven sólo para disfrazar la realidad. La experiencia en El Ejido lo demuestra. Después de los desórdenes del 2000, los grandes distribuidores han creado estos modelos, pero en el terreno prácticamente no ha cambiado nada”, menciona Valentina Hemmeler-Maïga, secretaria general del sindicato agrícola Uniterre.
Trazabilidad difícil
“En estructuras como las existentes en la Italia meridional o en Andalucía es difícil seguir una trazabilidad del producto, porque los vendedores son cooperativas de mayoristas que recolectan la producción, que a menudo reúne las cosechas de un gran número de agricultores”, observa Aline Clerc, especialista de agricultura en la Federación de Consumidores de la parte francófona de Suiza.
Para el consumidor es prácticamente imposible elegir con conocimiento de causa, porque en el embalage figura únicamente el país de procedencia. “Actualmente nos enfrentamos al caso de los cítricos de Calabria. ¿Esto quiere decir que el problema concierne a toda Italia? ¿Y quién puede garantizar que en España la situación pueda ser mejor? El consumidor no tiene ningún punto de referencia”, subraya Aline Clerc.
¿Max Havelaar en toda Europa?
La representante de la Federación de Consumidores de la Suiza francófona apoyara la introducción de una marca de comercio justo como Max Havelaar para los productos europeos. “Podría ser un paso en la buena dirección. Por otro lado, tendría también la significación de que Europa ha fracasado en instaurar un cuadro que garantice condiciones laborales decentes.”
Philippe Sauvain observa, por su parte, que con la multiplicación de marcas, el consumidor corre el riesgo de perder la orientación.
“El consejo que puedo dar a los consumidores es preguntar regularmente a los gerentes de los negocios de dónde proviene la fruta o la verdura y cómo ha sido producida”, agrega Valentina Hemmeler-Maïga.
Según la secretaria del sindicato Uniterre, para encontrar una solución es necesario, ante todo, un cambio completo de paradigma: “Mientras se persiga el objetivo de una agricultura ultracompetitiva, es inevitable que se continúa bajando los precios y el coste más facil de recortar es el del ser humano”.
Daniele Mariani, swissinfo.ch
(Traducción: Patricia Islas Züttel)
El ‘Business Social Compliance Initiative’ es una asociación nacida en 2003 con sede en Bruselas y cuyo objetivo es instaurar un estándar en materia de condiciones laborales.
Sus códigos de conducta se empeñan en particular a combatir el trabajo forzado e infantil, con la implementación de contratos de trabajo equitativos y salarios decorosos.
Desde su creación, el BSCI ha efectuado más de 6.000 auditorías, en particular en China (62%). En 7 de 10casos las empresas evaluadas no cumplen los criterios.
Este estándar nació en 1997 por iniciativa de miembros del grupo de distribuidores europeos Eurep. Entre sus miembros figruan Migros, Coop, Aldi y Lidl. En 2007, el nombre EurepGap fue reemplazado por GlobalGap.
Este certificado define las buenas prácticas agrícolas, en particular en lo que concierne a los aspectos ambientales, de salud y seguridad laboral, así como reglas para el respeto de los animales.
La certificación se efectúa en más de 80 países. En 2007, cerca de 81.000 productores poseían este certificado.
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