Cuatro claves para entender el conflicto universitario en Argentina
Natalia Kidd
Buenos Aires, 12 may (EFE).- La negativa del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, a cumplir con la ley de financiación de las universidades públicas ha profundizado los problemas presupuestarios de la educación superior.
Estas son cuatro claves para entender el conflicto universitario, eje este martes de una nueva marcha de protesta en Argentina.
1. Una ley que no se cumple
Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei aplicó un severo ajuste fiscal que, entre otros ámbitos, afectó a las universidades públicas.
En 2024 el Congreso aprobó una ley que dispuso destinar más fondos a las universidades y actualizar los salarios del sector, golpeados por la elevada inflación, pero Milei vetó la norma bajo el argumento de que comprometía el objetivo de ‘déficit cero’ de su Gobierno.
En 2025, el Parlamento volvió a aprobar una norma similar, Milei la vetó, pero el Congreso revirtió el veto. El presidente finalmente promulgó en octubre la ley, pero decretó que no la aplicaría hasta que el Parlamento indique la fuente de financiación para afrontar el gasto ordenado por la norma.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades, acudió entonces a la Justicia. En diciembre pasado, un juez de primera instancia ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley, y en marzo un tribunal de alzada confirmó ese fallo. Pero el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema, que aún no se expidió.
En febrero último, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la norma aprobada en 2025, pero las universidades rechazan la iniciativa.
2. Presupuesto en mínimos
De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,428 % del PIB -su menor nivel desde 1989-, desde el 0,526 % en 2025 y el 0,718 % en 2023, justo antes de la llegada de Milei al Gobierno.
Según este informe, los fondos de la Secretaría de Educación de Argentina destinados al desarrollo de la educación superior cayeron en 2024 un 21,8 % en términos reales y un 3,5 % en 2025, con un descenso proyectado para 2026 del 16,9 %.
3. Salarios de pobreza
Una de las aristas más afectadas por esta caída es la de los salarios en las universidades nacionales, que han sufrido un fuerte recorte en términos reales desde que Milei asumió la Presidencia.
Según el Ciicti, desde finales de 2023 y hasta marzo último, la inflación en Argentina acumuló un alza del 293,4 %, mientras que en el mismo período los salarios de docentes e investigadores en universidades nacionales se incrementaron un 160,9 %, arrastrando un deterioro de 132,5 puntos.
De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en abril solo los docentes que son titulares de una cátedra universitaria y tienen dedicación exclusiva superaron con su ingreso el coste de una cesta básica de alimentos y servicios. El resto del personal de las universidades, tanto docente como no docente, tiene salarios por debajo del umbral de la pobreza.
4. Importancia de la educación pública
El acceso a la educación universitaria pública en Argentina es gratuito para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado gozan de buena reputación académica.
La gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en el país suramericano, donde el peso de la pobreza es mayor a la media entre los jóvenes: un tercio de las personas de entre 15 y 29 años no puede cubrir sus necesidades básicas, según datos oficiales del segundo semestre de 2025.
El peso de la educación superior pública es notorio: de acuerdo a las últimas cifras oficiales disponibles, en 2023 había 555.753 alumnos matriculados en la educación universitaria privada y dos millones en universidades nacionales estatales. EFE
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