Decomisan bienes por 61 millones de dólares a empresario ligado a expresidenta Fernández
Buenos Aires, 3 dic (EFE).- La Justicia argentina ordenó el decomiso de bienes por un monto de 61 millones de dólares a Lázaro Báez, empresario ligado a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), como parte de la condena por la asignación irregular de fondos estatales para obras públicas, según informaron este miércoles fuentes judiciales.
La Corte Suprema de Justicia comenzó un operativo para transferir al Estado bienes inmuebles y fondos surgidos a partir de subastas de otras propiedades de Lázaro Báez y su hijo Martín Báez por un total de 61.130.860 millones de dólares, en línea con la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 4 en abril de 2021, un caso que fue conocido como ‘la ruta del dinero’.
De acuerdo al fallo, las compañías de los Báez fueron privilegiadas con el otorgamiento irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz, durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.
En una causa paralela en la que Lázaro Báez fue condenado, conocida como ‘Vialidad’, Fernández fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por la que cumple arresto domiciliario desde junio de este año en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires.
En la causa por la que la exmandataria se encuentra presa, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó que ella, Báez y otros siete condenados paguen 685.000 millones de pesos (537 millones de dólares).
El destino inmediato de los bienes decomisados abrió un tema de debate entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, ya que el Gobierno del presidente Javier Milei publicó un decreto en 2025 que establecía al Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, como órgano de supervisión, evaluación y toma de decisiones al respecto.
Sin embargo, el máximo tribunal ya había fijado este año criterios específicos sobre el manejo de esos bienes, al disponer que son los jueces intervinientes en las causas penales quienes deben ejecutar las penas, dictar las medidas cautelares y disponer sobre los bienes decomisados.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) inició una demanda sosteniendo que se estaba afectando la independencia de la Justicia, y un tribunal dictaminó que la competencia de esas acciones sobre los bienes provenientes de sentencias era del Poder Judicial. EFE
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