Un criminal de guerra debe abandonar Suiza
Un ruandés que cumplió en Suiza una condena de varios años por su relación con los crímenes de guerra en el genocidio de su país, debe abandonar territorio helvético.
El Tribunal Federal confirmó esta información. swissinfo conversó con Philip Grant, presidente de la Sociedad contra la Impunidad (TRIAL), que exige la persecución de delincuentes graves.
swissinfo: ¿La orden de expulsión del criminal de guerra ruandés, confirmada por el Tribunal Federal, es a su juicio correcta? ¿Se trata de una solución justa?
Philip Grant: No estamos a favor de que una persona sea expulsada a un país corre el riesgo de ser perseguida o de ser condenada a la pena de muerte.
Si el hombre puede comprobar que a su regreso será perseguido, se suspenderá la expulsión y podría permanecer provisionalmente en Suiza.
En caso de no haber riesgo alguno, la decisión del Tribunal Federal parece correcta. Se corresponde con la práctica acostumbrada con este tipo de criminales. A menudo se expulsa a alguien del país para no poner en peligro el orden público o hay peligro de reincidencia si cometieron delitos graves en el país.
swissinfo: Pero en este caso los delitos se cometieron en el exterior.
P.G.: Sí, pero se puede uno imaginar que la presencia de este hombre en Suiza podría seguir afectando al orden público, sobre todo en el entorno de las víctimas del genocidio.
Y su presencia, como ya subrayaron las autoridades de Friburgo, podría dar una mala imagen del país por tolerar criminales de guerra en su territorio.
swissinfo: Fue la primera vez que un Tribunal fuera de Ruanda concluyera un proceso con una condena. Y ahora la expulsión. ¿Puede ser un precedente?
P.G.: A escala internacional lo harán seguramente otros países. En ciertos países ya se han procesado a algunas personas, como en Bélgica, donde varios se encuentran tras las rejas. Allí se hará la misma pregunta.
Lo interesante de esto es que Suiza, en relación con Ruanda actuó de forma totalmente distinta en otro caso. Félicien Kabuga, el principal patrocinador financiero del genocidio, llegó a Suiza dos o tres meses antes que el condenado
En vez de detenerlo y juzgarlo fue expulsado de inmediato. Desde agosto de 1994 ha eludido el ser juzgado por el Tribunal Internacional.
En el caso del alcalde ruandés, Suiza fue consecuente y le hizo un proceso antes de dictarse la expulsión del país. Eso fue correcto tanto moral como jurídicamente. Los Convenios de Ginebra comprometen a Suiza a que lleve ante los tribunales a una persona como ésta.
swissinfo: ¿Cree usted que Suiza quería mostrar con ello que no otorga asilo a criminales de guerra?
P.G.: Eso corresponde a la tendencia actual. Se sabe que en Suiza viven algunas personas que podrían ser procesadas. Creo que las autoridades están conscientes de ello y quieren evitar esta forma de proceder.
Por ello dicen claro y fuerte que este tipo de gente debe salir lo más pronto del país. Lo que podría tener cierto efecto preventivo.
Sin embargo, eso no basta. Nosotros consideramos que este tipo de gente no debe recibir ni asilo ni refugio en Suiza. En caso de que permanezcan aquí, las autoridades no deben dejarlas ir.
swissinfo: ¿Qué reclama TRIAL?
P.G.: La voluntad de las autoridades de prosecución penal es que esa gente sea procesada o extraditada a un país donde se las juzgue. No se puede simplemente expulsársele y deshacerse de la responsabilidad que se tiene en la lucha contra la impunidad.
El caso Kabuga es probablemente el más extremo. Suiza tuvo a ese individuo, tal vez el tercer o el cuarto sospechoso principal del genocidio en Ruanda, y decidió expulsarlo. Doce años después sigue libre y se encuentra en Kenia. No es seguro si alguna vez comparecerá ante los tribunales.
Eso fue algo terrible. Como si usted tuviera en el país a Mladic o Kradzic y, lo expulsara, en vez de detenerlo.
swissinfo: Entonces, ¿esta vez Suiza actuó de mejor manera?
P.G.: Todos están de acuerdo en que en este caso se actúo de manera adecuada y correcta, y que Suiza desempeñó un papel importante a nivel internacional, para demostrar que no hay impunidad.
swissinfo, Christian Raaflaub
(Traducido del alemán por Patricia Islas)
Un criminal de guerra de Ruanda debe abandonar Suiza. El Tribunal Federal confirmó su expulsión en septiembre. Es una decisión recientemente publicada por las autoridades.
Hutu, de 42 años de edad, fue condenado en 2000 por el Tribunal de Apelaciones Militares a 14 años de prisión.
Tras contabilizar los casi 4 años en prisión preventiva, fue puesto en libertad en diciembre de 2005.
El caso fue el primer proceso seguido a un responsable del genocidio en Ruanda, en un tribunal no ruandés. Por primera vez una persona se presentaba ante un tribunal suizo para ser juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad.
El otrora alcalde del pueblo Mushubati buscó refugio en Suiza en 1994 y recibió asilo con su familia en este país. Los jueces militares lo consideraron culpable por haber ordenado a sus subalternos la masacre contra miembros de la etnia tutsi.
‘Track Impunity always’ es la Sociedad suiza contra la Impunidad, con sede en Ginebra.
Se describe como parte de una dinámica mundial cuyo objetivo es la persecución de criminales de lesa humanidad.
La organización ofrece en su página internet un amplio banco de datos con más de 400 criminales de guerra condenados que se encuentran bajo sospecha o en fuga en el mundo.
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