El desafío de probar un genocidio

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) debe decidir si los presuntos crímenes de Israel en Gaza constituyen genocidio. La clave del fallo será probar la intención.

Mi padre huyó de la Alemania nazi en julio de 1938, cuando tenía 12 años, y crecí con una conciencia profunda del mal que los gobiernos pueden infligir. Esa experiencia me llevó a dedicar mi vida a defender los estándares de derechos humanos que buscan evitar la opresión. Tomé en serio la promesa de “nunca más”.

Sin embargo, la determinación de impedir esas atrocidades no significa que todo valga. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario exigenEnlace externo que, incluso en la guerra, los gobiernos adopten medidas específicas para proteger a la población civil.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 traumatizó comprensiblemente a la sociedad israelí. Matar y secuestrar civiles son crímenes de guerra flagrantes. Pero la ley es clara: los crímenes de guerra de una parte no justifican crímenes de guerra de la otra. Las normas del derecho humanitario internacional son absolutasEnlace externo, no dependen del cumplimiento de la otra parte.

La respuesta de Israel debió centrarse en los combatientes de Hamás, con el máximo cuidado de resguardar a la población civil palestina. Sin embargo, noEnlace externo ha sido así; el bombardeo masivo y el hambre impuestos a la población civil palestina lo demuestran. El derecho internacional no permite cometer genocidio en nombre de la defensa de un estado. No obstante, eso es precisamente lo que el gobierno de Sudáfrica —y muchos otros— han acusadoEnlace externo a Israel de hacer.

Mucha gente usa el término “genocidio” para referirse a cualquier atrocidad masiva, pero tiene una definición legal específica. La ConvenciónEnlace externo para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por 153Enlace externo Estados, lo define como ciertos actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo “como tal”. Los actos más relevantes para Gaza son “matar” o “infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial”.

Los genocidios paradigmáticos fueron el Holocausto y el de Ruanda, en los que el objetivo era eliminar a todo el grupo. Los nazis y los extremistas hutus buscaron matar a tantos judíos o tutsis como fuera posible. El genocidio era el fin principal.

Pero ¿qué significa destruir a un grupo “en parte”? Este requisito puede cumplirse cuando los asesinatos no buscan eliminar a cada miembro del grupo, sino a suficientes para lograr otro objetivo ilícito. Por ejemplo, en 2017 el ejército de Myanmar ejecutó a unos 10.000Enlace externo rohinyás para forzar la huida de 730.000Enlace externo de ellos hacia Bangladés. Allí, el genocidio fue un medio para lograr la deportación forzada. De forma similar se interpretan hoy las acusaciones contra Israel en Gaza.

Probar legalmente el genocidio es difícil. No tanto por los actos, que parecen cumplir los requisitos de conducta genocida. Más de 60.000Enlace externo palestinos han muerto en Gaza desde el ataque de Hamás. Un estudio de noviembre de 2024 reveló que casi el 70 %Enlace externo de las personas fallecidas eran mujeres y niños; muchos hombres tampoco eran combatientes. Las cifras superan ampliamente las 8.000Enlace externo víctimas de Srebrenica en 1994, masacre que un tribunal internacional calificó como genocidioEnlace externo.

Aunque muchas de las muertes en Gaza no fueron directamente intencionales, son producto de la aparente indiferenciaEnlace externo de Israel hacia la vida civil palestina: el uso de bombas de 2.000 librasEnlace externo (cerca de 900 kilos) que arrasan barrios enteros, aceptar 20 muertos civiles para eliminar a un combatiente de bajo rango, o el hecho de matarEnlace externo a palestinos hambrientos que buscaban comida en los puntos de distribución organizados por Israel.

A esto se suma un asedio que bloquea Enlace externoel acceso a alimentos y bienes esenciales durante largos periodos. Al menos el 70 % de los edificios de Gaza han sido destruidosEnlace externo. Los supervivientes son confinados en campamentosEnlace externo precarios que se trasladanEnlace externo o atacanEnlace externo con frecuencia. Han sido arrasadas las instituciones civiles básicas —hospitalesEnlace externo, escuelasEnlace externo, sitios religiosos y culturalesEnlace externo, barrios enterosEnlace externo—, creando condiciones que podrían provocar muertes indirectasEnlace externo varias veces superiores a las registradas.

Cuando la CIJ (Corte Internacional de Justicia) examine el caso presentado por Sudáfrica, la cuestión principal será si Israel busca, de forma deliberada, acabar con la población civil palestina, ya sea en parte o por completo. Algunas declaraciones de altos funcionarios israelíes han dado la vuelta al mundo. El actual presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó que “esta retórica sobre civiles que no son conscientes, que no están involucradosEnlace externo» es falsa, y argumentó que “podrían haberse levantadoEnlace externo” contra Hamás, pese a que Gaza está bajo una dictadura férrea. El exministro de Defensa Yoav Gallant habló de combatir a “animales humanosEnlace externo”, en referencia al asedio que afecta a toda la población, no solo a Hamás. El propio Netanyahu invocó a Amalec, el pueblo bíblico al que —según las Escrituras— Dios ordenóEnlace externo exterminar a todos, incluyendo “hombres, mujeres, niños y bebés”.

Otros funcionarios israelíes, en cambio, cuidan más sus declaraciones públicas y se apegan al lenguaje que exige el derecho internacional para proteger a los civiles. Aun así, la CIJ deberá evaluar si la intención genocida puede deducirse de la conducta de Israel en Gaza. Y es ahí donde la jurisprudencia conservadora de la corte complica el caso.

En su fallo de 2015 en el caso Croacia contra Serbia, la CIJ sostuvo que la intención genocida solo puede inferirse si “es la única conclusión razonable que se puede extraer de los actos en cuestión”. Como en ese caso las matanzas buscaban además el desplazamiento forzoso, el tribunal concluyó que no podía deducirse intención genocida.

Al no contemplar la posibilidad de intenciones paralelas —genocidio y limpieza étnica—, la sentencia sugiere que el crimen de desplazamiento forzoso podría servir de defensa ante un cargo de genocidio, algo muy polémicoEnlace externo. La corte pudo haber establecido que la cuestión es si la acusación está probada más allá de toda duda, no si es el único crimen cometido. Pero no lo hizo, y su doctrina conservadora sigue vigente.

La CIJ tendrá oportunidad de revisar este criterio en el caso de Gambia contra MyanmarEnlace externo, sobre la represión de los rohinyás. Si concluye que la deportación masiva no es una defensa válida contra el cargo de genocidio, sentará un precedente para un fallo similar en el caso de Israel.

¿Por qué la CIJ adoptó esta postura? Nunca lo explicó, pero quizá buscó reservar el término “genocidio” para matanzas totales —“en su conjunto”, como el Holocausto y Ruanda— y no para destrucciones “parciales” usadas como medio para otro fin. Sin embargo, eso no es lo que dice la Convención contra el Genocidio, motivo por el que el fallo ha sido criticado.

Incluso si la CIJ concluyera que hubo genocidio, el fallo sería una condena al Estado de Israel, no una imputación penal a personas concretas, ya que la corte no es un tribunal criminal. Cualquier acusación individual tendría que ser llevada ante la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI ya ha imputadoEnlace externo a Netanyahu y a Gallant por el crimen de guerra de hambre y privación de bienes básicos a civiles, pero no ha presentado cargos por genocidio ni ha dado señales públicas de que lo considere. Una resolución definitiva sobre si el gobierno israelí comete genocidio dependerá de lo que decidan estos dos tribunales.

Las opiniones expresadas por el autor no reflejan necesariamente las opiniones de Swissinfo.

Editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Carla Wolff.