Detectan perjuicio al Estado panameño de 52 millones de dólares por ayudas estudiantiles
Ciudad de Panamá, 4 di (EFE).- El contralor general de Panamá, Anel Flores, afirmó este jueves que su despacho ha detectado un perjuicio económico para el Estado de más de 52 millones de dólares producto de la entrega discrecional, años atrás, de ayudas económicas no reembolsables a allegados del poder político, y que los miles de expedientes que lo sustentan serán entregados a la Fiscalía.
Tras analizar detenidamente «más de 4.000 expedientes (…) hoy estamos presentando al Ministerio Publico más de 2.860 que suman un perjuicio económico al país y al dinero de los panameños por arriba de los 52 millones de dólares», declaró Flores durante la conferencia de prensa semanal del presidente panameño, José Raúl Mulino.
El contralor expresó que aspira que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) «haga lo propio y de alguna manera» se puedan «rescatar esos dineros», entregados como ayudas no reembolsables para estudios superiores, «bien sea que se conviertan en préstamos, o que alguien pague las consecuencias del mal uso del dinero de los panameños».
El caso de los llamados ‘auxilios económicos’, unas becas no reembolsables que otorga el estatal Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), estalló a inicios de 2024 e indignó a buena parte del país por involucrar fondos estudiantiles destinados a personas sin recursos que terminaron en manos de hijos y otros familiares de altos funcionarios, empresarios y demás cercanos al poder.
No se sabe con certeza la cifra total del desgreño administrativo en el Ifarhu, señalado desde hace años como un ente muy opaco en el manejo de sus recursos, pero solo durante el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), epicentro del escándalo, se entregaron 260,5 millones de dólares a través de 9.237 «auxilios económicos», según datos de la prensa local.
Hay ya al menos una veintena de personas que recibieron el «auxilio financiero» imputados y que, según la investigación, habrían depositado parte de los fondos en cuentas bancarias de Bernardo Meneses, un político del PRD que fue director del Ifarhu entre 2019 y 2023 y cumple prisión preventiva por este caso.
Las auditorías «revelan malos manejos en el programa de auxilios económicos y becas, con un perjuicio patrimonial mediante un esquema de ‘cashback’, donde receptores (de los fondos) reembolsaban dinero a cuentas del exdirector de la entidad (Meneses)», indicó la Fiscalía.
Un informe de auditoría revela que Meneses «no ha podido justificar 419.000 dólares» en ingresos, lo que sustenta la acusación de enriquecimiento injustificado, el delito que lo mantiene en prisión preventiva desde julio pasado, de acuerdo con la Fiscalía.
Además de Meneses, también están procesados por la causa de los «auxilios financieros» los exfuncionarios del Ifarhu Héctor Zambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas, ambos con medida de presentación periódica ante un tribunal. EFE
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