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Dictan libertad condicional a 3 de 4 acusados de homicidio involuntario de niña haitiana

Santo Domingo, 10 dic (EFE).- Un tribunal dominicano dictó este miércoles libertad condicional para tres de cuatro personas acusadas de homicidio involuntario por la muerte de una estudiante de ascendencia haitiana, de 11 años, durante una excursión del colegio donde estudiaba en el municipio de Gurabo, Santiago (norte).

El Juzgado de Atención Permanente de Santiago impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida el 14 de noviembre mientras disfrutaba de un baño en una piscina de la hacienda donde estaban de excursión.

Las medidas de coerción alcanzan a la directora administrativa del centro educativo, Yris del Carmen Reyes Adames; la orientadora, Francisca Josefina Tavárez Vélez, y a la coordinadora del nivel secundario, Vilma Altagracia Vargas Morel.

La disposición liberó de responsabilidad a la directora general del centro educativo, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, decisión que el Ministerio Público dijo que apelará.

También las medidas incluyen la colocación de un localizador en el tobillo.

La Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), representada por la magistrada Olga Diná Llaverías, adelantó que la investigación sobre el caso queda abierta e incluye a «otros actores» vinculados a la cadena de responsabilidades.

Los abogados de la familia de la víctima expresaron respeto por la sentencia, pero insistieron en que no refleja la magnitud de la negligencia que provocó la muerte de la niña.

Abogados de los familiares de la niña fallecida han insistido en que hay «encubrimiento» en torno a varias personas, incluyendo menores de edad que también participaron de la excursión.

Los representantes legales de la familia aseguraron que el colegio había realizado excursiones similares en cuatro ocasiones sin los protocolos mínimos de seguridad, lo que configura una negligencia sostenida.

A su juicio, la institución debe someterse a una auditoría por el Ministerio de Educación para determinar responsabilidades estructurales.

La tragedia ha causado consternación en el país, pues varios sectores de la sociedad civil han señalado que la forma en que ha sido tratado el caso de la niña refleja el supuesto grado de racismo y antihaitianismo que existe en el país.

El presidente dominicano, Luis Abinader, aseguró el lunes que en el país «no hay racismo» y consideró que la muerte de Joseph no debió suceder.

El viernes pasado, el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) instó «a las autoridades competentes de la República Dominicana a que apliquen, con toda la diligencia y transparencia necesarias, las medidas requeridas» en relación a la muerte de la niña, que vinculó con los «actos de violencia» y «abusos» que sufren los migrantes haitianos en el país vecino.

«El Consejo lamenta profundamente que miles de migrantes haitianos y familias haitianas o de origen haitiano se hayan visto afectados en los últimos meses por actos de violencia, abusos o tratos que atentan contra la dignidad humana», afirmó el CPT en un comunicado. EFE

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